El dictamen de la Contraloría General de la República respecto del Programa Especial Universidad de la Vida, que se realizó a modo de compensación por la deuda del 4% de los jubilados, lejos de cerrar el tema, abrió una serie de aristas que proyectan meses de más investigación… e incluso nuevos procesos judiciales.
El primer paso que se debería seguir, es la realización del sumario administrativo en contra de los ex intendentes Eugenia Mancilla y Mario Maturana, además de los ex seremis de Gobierno, Hacienda y Trabajo: Eduardo Barros, Rodrigo Aicón y Claudio Faúndez, respectivamente.
Esto, en base a la resolución del organismo nacional luego de efectuada la auditoría al proyecto. A su vez, los resultados del sumario pueden derivar en responsabilidades civiles, criminales, juicio de cuentas o, en menor medida, administrativas, en cada uno de los otrora autoridades regionales.
Origen
El problema real que genera la declaración de la Contraloría, es que finalmente los dos millones que se le entregaron a más de 900 pensionados no podrían  ser considerados como compensatorios de la deuda del 4%, puesto que los beneficiados no fueron sólo los de la ex caja Empart. Además hubo innumerables irregularidades en las condiciones de entrega, por lo que la Universidad de la Vida, se habría convertido, en estricto rigor, en un programa más para los adultos mayores de la región.
“En el fondo, el gobierno regional y Sercotec, pese a la instrucción de la ex Presidenta Michelle Bachelet, convirtieron el programa de compensación en un taller para los adultos mayores. Se desvirtuó y pasó a ser un programa de emprendimiento”, afirmó el abogado Manuel José Benítez.
Incluso, el profesional explicó que los dos millones no fueron recibidos a título de compensación, sino como asistentes al programa Universidad de la Vida.
Problema
Durante muchos años los pensionados no tuvieron respuesta a su solicitud, porque las autoridades del momento apelaban a que el derecho al pago del 4% estaba preescrito, sin embargo, al momento en que la ex Mandataria Bachelet instruye el pago de una bono compensatorio, reconoce la deuda, anulando el documento legal que lo calificaba como un derecho expirado.
“El gobierno mediante la compensación reconoce el 4%, entonces el derecho de los jubilados a pedir ese dinero sigue en pie”, explicó el abogado.
Por esta razón podrían iniciar una acción judicial que busque el pago de la histórica deuda y comenzar todo un proceso que, hasta hace poco, se pensaba concluido.