A pesar de reconocer su error y pedir al juez que no los envíe a la cárcel, ayer dos imputados fueron dejados en prisión preventiva por el delito de tráfico de drogas.
De acuerdo a los antecedentes entregados en la audiencia de control de detención y formalización de la investigación, los imputados Franco Román Alvial Ruiz, de 25 años, y Alejandro Salvador Gómez Baeza, de 20 años, fueron detenidos tras una investigación que comenzó a través del departamento del OS-7 de Carabineros ordenada por el fiscal de drogas Oliver Rammsy, se pudo obtener información que el imputado Alvial Ruiz enviaría al otro imputado Gómez Baeza a Santiago para que adquiriera una cantidad de droga cannabis sativa y luego trasladarla a Punta Arenas para su comercialización.
Con estos antecedentes, la madrugada de ayer, luego de que Gómez Baeza retornó a Punta Arenas con la droga, se trasladó hasta el domicilio de Alvial Ruiz para entregarle el cargamento. En esos instantes personal policial con la autorización judicial lograron la detención e incautación de la droga que trasladaba oculta en su maleta. En el inmueble además se encontraron contenedores de droga elaborada, dispuesta para su comercialización, dinero en efectivo, teléfonos celulares y pesas para dosificar la droga. En poder de Alvial Ruiz además se encontró un arma a fogueo.
Cabe señalar que previo a la detención de los imputados, a comienzos del mes de noviembre, los dos imputados ya habían realizado un viaje a Santiago para adquirir droga, la que fue comercializada.
En la audiencia se indicó además que la dosificación de la droga alcanzó los 1.280 gramos aproximadamente de cannabis sativa. Además en el domicilio del imputado Alvial Ruiz se logró incautar alrededor de 149 gramos de marihuana en once contenedores. Se le encontró un pasaje aéreo de la empresa LAN y dinero en efectivo.
A pesar que la defensa solicitó que se declare ilegal la detención por la interceptación de las llamadas telefónicas y seguimiento, el juez de Juan Villa declaró legal la detención, el defensor Pedro Pablo Orellana, además, se opuso a la prisión preventiva a lo que el tribunal no accedió, acogiendo la solicitud del fiscal Felipe Aguirre para privarlos de libertad por representar su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad por el delito de tráfico de drogas. El plazo para el cierre de la investigación se fijó en 60 días.
En primera instancia se determinó que para adquirir la droga los imputados pagaron 5.600.000 mil pesos.