Tras ser formalizada en febrero pasado la dueña de la forestal maderera Lago Blanco, por un contrato simulado que realizó mientras existía un litigio pendiente sobre una propiedad que se adquirió a través de una promesa de compraventa, en primera instancia, ayer en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas se formalizó al hijo de la imputada.
De acuerdo a los antecedentes que se expusieron en la audiencia por parte del fiscal Manuel Soto, los hechos ocurrieron el 24 de marzo de 2014, cuando mediante escritura pública, en una notaría, la imputada María Eliana Barrientos Ascencio junto a su hijo Héctor Maestro Barrientos, celebró a través de su sociedad un contrato de compraventa de un sitio ubicado en el lote 7, en el kilómetro 18 en la Ruta 9 Norte, con la finalidad -según los antecedentes- de perjudicar a la afectada María José Hanaoka González, ya que la víctima fue la propietaria inscrita en el Conservador de Bienes Raíces el año 2007. Ante esto, la imputada que realizó una inscripción ante el Ministerio de Bienes Nacionales estando en conocimiento del dominio de la propiedad de la víctima, obtuvo la posesión regular del inmueble, lo inscribió a su nombre en enero de 2012, y luego adquirió el dominio por prescripción especial, procediendo la imputada a celebrar una compraventa, vendiéndolo a su propia sociedad de transporte de carga que lleva su mismo nombre a un precio por debajo del avalúo fiscal, esto es 5 millones de pesos que no pagó. Luego, en marzo de 2014, nuevamente celebró un contrato de compra venta, esta vez a la sociedad EIRL.S.A., a nombre de su hijo Héctor Maestro Barrientos, donde se indica que canceló 10 millones de pesos, lo que no resultó efectivo, la venta no fue real y nunca fue cancelado. La víctima fue despojada del patrimonio del inmueble, que fue avaluado fiscalmente en 6 millones y medio de pesos, los que nunca fueron cancelados.
Con estos antecedentes, se formalizó a madre e hijo por el delito de contrato simulado en grado de consumado y autores ambos imputados. Ambos quedaron con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional para el imputado, mientras que el plazo para el cierre de la investigación está fijado en 60 días, desde que la mujer fue formalizada en el mes de febrero.