Esperanzados y con mucha convicción, comenzaron a trabajar los próximos pasos a seguir, las agrupaciones ambientalistas opositoras al proyecto carbonífero a cielo abierto en Isla Riesco denominado Mina Invierno; esto, luego de que decidieran dar la pelea judicial contra la iniciativa privada. Asimismo, avanzar en la organización de un movimiento a nivel nacional que genere movilizaciones en todas partes del país, para ejercer la presión ciudadana que consiga hacer reaccionar a las autoridades frente al tema.
Es en este contexto que en los dos últimos días, tras la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de la minera, las distintas agrupaciones se han abocado a reuniones de coordinación para analizar el escenario que viene en adelante y así planificar las acciones a seguir.
De hecho, la primera y más urgente de las determinaciones del Frente de Defensa Ecológico Austral (FDEA), apenas salieron de la Intendencia el martes pasado, fue concurrir al encuentro de trabajo que se encontraban sosteniendo los dirigentes de la Asamblea Ciudadana de Magallanes (ACM) para solicitarles su apoyo y, de esta forma, “hacerse parte” de una causa que abarca igualmente el tema de la energía, que es la discusión amplia que quieren poner sobre la mesa como representantes ciudadanos cuando llegue marzo.
Sin embargo, en un intento de ser cautos, los dirigentes sociales no han definido aún su postura, por lo que la Organización Comunitaria para el Desarrollo Sustentable de la comuna de Río Verde llamó a la Asamblea a que “se definan pronto”, a más tardar la próxima semana, porque necesitan de su experiencia ciudadana a raíz de lo que sucedió con el alza del gas.
La segunda acción más relevante que emprendieron, posteriormente, fue sumar al equipo detractor al abogado ambientalista y presidente de la Fiscalía de Medio Ambiente, Fernando Dougnac, quien llegó el miércoles a la región para exponer las opciones que se pueden barajar en torno a impedir la explotación del proyecto minero.
En lo inmediato, según el abogado, la alternativa a evaluar es recurrir al Consejo de Ministros con el recurso de reclamación, que por derecho del proceso de Evaluación Ambiental, corresponde a los observantes de los Informes Consolidados de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA), pero también es factible interponer un recurso de protección, una acción de nulidad del derecho público y posibles acciones constitucionales con el argumento general de que Isla Riesco tiene una clara vocación turística, ganadera y agrícola, que por instalar un proyecto minero de una envergadura de 1.500 hectáreas, “presenta un aberración, más si está cerca de un parque natural donde se está tratando de incentivar el turismo, es decir, no tiene sentido”, aseguró Dougnac.
Paralelamente a ello, ayer la alerta se hizo patente en algunas regiones del país que pacíficamente reaccionaron de manera espontánea, a partir de lo cual desde la agrupación ganadera de Isla Riesco, manifestaron: “Se agradece ese sentir, porque así somos más y, por ello, tenemos claro que vamos a organizar una movilización nacional, no tenemos clara la fecha, pero la manifestación va”.
Las tratativas de Dougnac
A Isla Riesco viajó el mismo miércoles el abogado detractor, Fernando Dougnac, quien fue invitado por la familia Stipicic y algunos otros residentes de la zona a recorrer el lugar y, de ese modo, conversar más a fondo sobre la problemática ambiental que se generaría eventualmente con la instalación de Mina Invierno.
En este sentido, Javiera Stipicic, valoró las ganas que tiene el profesional para detener el avance del proyecto:
“Él viene con mucha esperanza y eso nos da la convicción de que podemos ganar. Nos sirve mucho su actitud y era lo que esperábamos de él, porque fue desgastante el sentirnos frustrados y él nos trae noticias buenas y a la vez harto trabajo”, dijo la hermana del ganadero Gregor Stipicic.
Asimismo, adelantó que las intenciones que tendría Dougnac de aquí a antes que parta a la capital serían reunirse con los parlamentarios de la Región de Magallanes y el Frente de Defensa Ecológico Austral (FDEA), si es que logra contactarse con ellos dentro de estos días.
Municipio Río Verde
Según dio a conocer ayer la misma alcaldesa de la comuna de Río Verde, Tatiana Vásquez (UDI), quien desde un principio se mostró partidaria a la explotación de la mina, los beneficios económicos adicionales o ingresos propios para el municipio de esa comuna, sería el pago de la patente comercial, los derechos por extracción de áridos, derechos de construcción (tanto del puerto como del enclave minero), permisos de circulación (vehículos livianos y pesados) y otros derechos que involucra la actividad minera y, en relación a las obras de infraestructura; primero estaría la conservación y mantenimiento de la ruta Y-560 sector sur Isla Riesco, desde el km 0 al 47, el mejoramiento de la conectividad entre el continente y la isla con la instalación de una barcaza de mayor tonelaje, la donación de una ambulancia y la implementación para la posta rural, además de la disponibilidad y atención en el policlínico que formará parte de las instalaciones del proyecto minero para los habitantes de Isla Riesco, está también contemplado el mejoramiento de la infraestructura a la Escuela Bernardo De Brune, un proyecto de museología y aportes para potenciar expresiones deportivas, artísticas, culturales, educacionales y de capacitación como socios fundadores de la Corporación Municipal Cultural de Río Verde.