Nuevamente
somos testigos de un paso histórico impulsado por el gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet en el ámbito de la educación.
Tras
un profundo debate en el Congreso se aprobó esta semana el nuevo
sistema de educación pública que nos permitirá recuperar a nuestras
escuelas y liceos públicos como los baluartes de calidad y oportunidades
que ya habían sido en el pasado.
Hoy
las escuelas y liceos públicos dependen de los municipios a lo largo
del país y sabemos que las experiencias han sido en su mayoría complejas
-por múltiples razones- afectando el rol social de la educación y la
formación de nuestros niños y jóvenes más vulnerables.
Con
la aprobación de esta ley podemos mirar con más optimismo el futuro,
pues se crea un sistema que reemplazará, gradualmente en los próximos
ocho años, a la actual forma de administrar nuestras escuelas y liceos
teniendo como protagonista un organismo público, técnico, social y
políticamente preparado, dedicado exclusivamente a velar por la calidad
de los contenidos pedagógicos y los aprendizajes significativos
generando las acciones y condiciones para a que nada le falte a los
profesores y alumnos en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se
trata de una parte de la reforma a la educación que ha impulsado el
Gobierno como sello de su gestión y que se suma a un enorme desafío de
país que busca generar las condiciones para que todos y cada uno de los
ciudadano puedan a través del conocimiento, la creatividad y los sueños
lograr sus justos anhelos de una vida digna a partir del saber, así esta
iniciativa se suma por ejemplo, a la ley de inclusión que avanza en la
gratuidad al eliminar el copago y la iniciativa que termina con la
selección para matricularse en un establecimiento educacional.
La
ley de nueva educación pública, a diferencia de la actual
administración municipal, garantizará horizontes de desarrollo de largo
plazo con foco en las escuelas y comunidades educativas; responsables
claros y una activa rendición de cuentas, tanto local como nacional;
mayores capacidades en todo el sistema, distribuidas equitativamente en
todo el territorio; y una gestión educacional protegida de la influencia
de los ciclos político-electorales.
Porque
si la educación recibe aportes del Estado, y es concebida como un
derecho, debe ser gratuita para todos y de la mejor calidad.