La
Corte Suprema se pronunció respecto de la legalidad de la detención de
dos individuos que estarían dedicados al tráfico de drogas en terminales
marítimos de Punta Arenas. El máximo tribunal confirmó la sentencia de
la Corte de Apelaciones magallánica, por lo que los imputados
permanecerán en prisión preventiva.
La
defensa -representada por el abogado Leonardo Vallejos- recurrió al
máximo tribunal del país por considerar que la detención practicada a
mediados de octubre fue ilegal, pues la Dirección de Inteligencia
Marítima (DIM) actuó más allá de sus competencias.
El
trabajo de la DIM se inicia a partir de la denuncia de la Autoridad
Marítima sobre puntos de tráfico de drogas en los terminales de muelle
Prat y José de los Santos Mardones. Por instrucción fiscal intervinieron
teléfonos, realizaron seguimientos y montaron cámaras de seguridad en
los terminales.
También participaron en las órdenes de entrada, donde se incautaron 76 gramos de marihuana y 285 gramos de cocaína.
Según
la defensa, las acciones son ilegales porque “no se autorizó la
realización de diligencias fuera del territorio jurisdiccional de la
Autoridad Marítima”, que corresponde al mar y a los recintos portuarios.
Ese
argumento fue rechazado por el juez Ricardo Larenas –que decretó legal
la detención– y la Corte de Apelaciones, cuyo fallo señala que “resulta
imposible restringir al ámbito territorial de su competencia si las
acciones que se le imputan a los amparados las realizaban en gran parte
fuera de los recintos portuarios”.
Los
esfuerzos de la defensa se elevaron a la Corte Suprema, pero sin éxito.
La sala compuesta por los ministros Leopoldo Llanos, Jorge Zepeda y
Juan Manuel Muñoz, y los abogados integrantes Ricardo Abuauad y Rosa
Etcheberry rechazaron el recurso de apelación y el recurso regresó al
tribunal de origen.