Por
unanimidad, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso
de amparo que intentó declarar ilegal la detención de dos imputados que
liderarían una red de tráfico de drogas al interior de recintos
portuarios.
Los
sujetos cumplen con prisión preventiva desde el 16 de octubre. La
investigación en su contra se inició por un oficio del Gobernador
Marítimo de Punta Arenas que denunció el tráfico de drogas al interior
de los terminales de Muelle Prat y José de los Santos Mardones.
El
26 de marzo, la Fiscalía instruyó a la Dirección de Inteligencia
Marítima (DIM) realizase las diligencias. Durante la investigación, el
organismo intervino teléfonos celulares e hizo registros fotográficos y
fílmicos.
Según la defensa, las acciones de la DIM son ilegales porque
“no se autorizó la realización de diligencias fuera del territorio
jurisdiccional de la Autoridad Marítima”, que corresponde al mar y a los
recintos portuarios.
La
sala estuvo compuesta por la ministra María Isabel San Martín, el
fiscal judicial Pablo Miño y el abogado integrante Rolando Lizana. Todos
coincidieron que la Armada actuó legalmente: “resulta imposible
restringir al ámbito territorial de su competencia si las acciones que
se le imputan a los amparados las realizaban en gran parte fuera de los
recintos portuarios”, fallaron.