La
transparencia y la información, deberían ser los métodos para lograr
diálogo y, en consecuencia, acuerdos, en la normalidad de los nuevos
tiempos.
En
el plano ambiental, la regulación e institucionalidad actual, establece
algunos mecanismos que podrían aportar desde un prisma bien
intencionado.
Las
Consultas de Pertinencias, solicitudes formales mediante las cuales los
proponentes de proyectos, pueden dirigirse al Servicio de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEA), con el objeto de solicitar un pronunciamiento
sobre si, en base a los antecedentes proporcionados al efecto (de manera
responsable y veraz), un proyecto o actividad, o su modificación, debe
someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) o no. En
caso afirmativo, de qué forma debería hacerlo, si a través de un Estudio
de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), o mediante una Declaración de
Impacto Ambiental (DIA). Las consultas, tienen un carácter voluntario
para los proponentes de los proyectos, sin perjuicio, de facultad de la
Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) para exigirlo.
Bajo
mi óptica, las pertenencias ambientales, deben ser consideradas como
una herramienta positiva y no como un gravamen. La utilidad de las
mismas, se ve reflejada en el hecho, de que permiten otorgar certeza
jurídica al proponente, quien contará con un pronunciamiento formal de
la Autoridad acerca de la viabilidad ambiental de su proyecto. Esto
además puede reducir el componente político, porque le otorga la
decisión a un organismo técnico especializado. Así, este paso previo se
traduce como una vía efectiva para transparentar las características de
un proyecto o actividad, que podría tener algún tipo de carga ambiental.
La
Participación Ciudadana (PAC), actualmente y de acuerdo a la Ley
vigente, solo es obligatoria en los EIAs, no así en las DIAs, donde es
facultativo de la Autoridad decretarla en caso que se cumpla con los
requisitos legales. Es un mecanismo que permite a la ciudadanía,
informar, opinar y obtener respuestas a sus observaciones e inquietudes.
Sin
duda, la PAC asociada al concepto de diálogo territorial debe ser
privilegiada, ya que permite que la sociedad civil y proponentes puedan
vincularse, siendo este un proceso crucial para el entendimiento de los
involucrados. Por su parte, el Estado debe participar, regulando y
vigilando un procedimiento, transparente con reglas clara, para lograr
una instancia tripartita de comunicación.
En
relación al perfeccionamiento de estas ideas, el Proyecto de Ley que
moderniza el SEIA presentado el año 2018 (que lamentablemente se retira
en enero de 2019), daba luces sobre la idea de ampliar y promover
mayores espacios de participación ciudadana. En la misma línea, también
se ha propuesto como alternativa, que el diálogo pueda ser asegurado por
una Agencia Independiente (tal como se ha hecho en otros países),
dotada de autonomía, con un procedimiento exhaustivo que triangule a las
partes y decida de manera vinculante.
El
diálogo transparente compuesto por partes informadas, será un puente
para lograr acuerdos y compromisos, resolver conflictos, idealmente por
mediadores o personas capacitadas para facilitar la comunicación
territorial y nuestro caso regional.
En
definitiva, en tiempos donde el diálogo ha comenzado a reunir
características de utopía, otorgarnos confianza y seguridad, podría
ayudarnos a tomar mejores decisiones.