Como
si se tratara de un bucle, los políticos una vez más repiten las
fórmulas que han fracasado en todos los países latinoamericanos y como
si fuera poco, se intenta aplicar leyes y sugerir alzas impositivas en
un período en que la economía entra en una profunda incertidumbre a
nivel mundial, arrastrando bajo crecimiento, un alza sustancial en el
desempleo y en el caso chileno, estallido delictual con características
propias de una insurrección molecular.
El
día 26 de mayo se aprobó, con los votos de la izquierda y las
abstenciones de la derecha, el proyecto de resolución que tiene por
objeto solicitar al Presidente de la República la creación de un
impuesto a los denominados super ricos, para financiar una renta básica
de emergencia, la que tendría un carácter “transitorio” para aliviar el
supuesto hambre que sufre el pueblo, elemento categorial instalado para
forzar una segunda fase insurreccional.
A
modo de ilustración, ningún impuesto ha tenido carácter transitorio
desde 1990 en adelante, todos siguen vigentes al día de hoy afectando
los bolsillos de las familias chilenas, y los generadores de riqueza y
empleo. Lo anterior se ha invertido en el crecimiento del aparato
gubernamental y el incremento de la intervención estatal sobre las
familias de Chile.
Los
políticos —en este caso el poder legislativo— una vez más ven como
botín a utilizar en sus fines el trabajo ajeno, mediante la ficción
estatal en la que se busca vivir a costa de lo que otros producen
buscando el sustento diario. En este sentido, si el gobierno recoge
dicha medida e impulsa un proyecto de ley que busque grabar con un 2,5%
el patrimonio se producirá lo que se ha denominado como el efecto cobra,
que en simples palabras es intentar una solución que realmente solo
hará empeorar la situación o el problema, más en la situación de
emergencia en que se encuentra el mundo, en donde la producción se
proyecta que caerá un 5,3% en 2020 y se espera que la pobreza y el
desempleo aumente considerablemente en los próximos meses.
Resulta
completamente improcedente, erróneo e inentendible subir impuestos
cuando lo que se buscará luego de la crisis será generar empleo formal,
inversión
y estabilidad, ya que los individuos cambian y distorsionan su actuar
cuando existen impuestos tan gravosos, y se genera una perdida
irrecuperable de eficiencia, que trae consigo una pérdida irrecuperable
de gente que podría salir de la pobreza, incorporarse al mercado formal y
un bienestar general de nuestra sociedad.
La
ley que se quiere discutir no es algo más que un nuevo instrumento que
busca generar mayor control social y que además es fallida, ya que en
los años noventa 12 países tenían un impuesto al patrimonio de ese tipo y
hoy solo quedan tres; Noruega, Suiza y España. ¿Por qué? La mayoría de
la gente y de los políticos que viven a expensas del contribuyente creen
que las mayores fortunas guardan todo su dinero en cuentas bancarias
acumulando riqueza y solo generando intereses de carácter bancario, pero
aquella no es la realidad y acercarse a una, generaría una burocracia
excesiva. Independientemente de la excesiva burocracia este impuesto
patrimonial se debería pagar por el contribuyente aun cuando no se
obtengan utilidades por solo mantener un monto superior a lo establecido
en la ley, siendo mas que impuesto un pasivo con cargo al empresario en
el que él deberá deshacerse de otros pasivos como son los empleados en
caso de no reportar utilidad.
Toda
esta aplicación de impuestos generaría más pobreza y subdesarrollo,
incluso los datos de la CEPAL proyectan que Chile que tenía un 8,6 % de
pobreza, previo a la insurrección de octubre, volvería a una cifra de
dos dígitos quedando entre un 11,9 y 13,7, llegando en un momento en que
políticas precisamente como de la flexibilización, tributación baja y
simple son el camino para reactivar la alicaída industria e inversión.