De
forma consistente, los magallánicos se han pronunciado por su deseo de
alcanzar mayores niveles de bienestar reflejado en defenderla libertad
para trabajar y percibir un salario que permita acceder a una vivienda,
recibir una buena y rápida atención de salud, acceso a educación de
calidad, vivir en barrios tranquilos donde los hijos juegan libremente
en la calle o tener una vejez en júbilo.
Para
todos los que vivimos el proceso de desarrollo del país desde la década
del setenta, sabemos que Chile avanzó decididamente casi todos los
aspectos sociales y económicos. Solo por mencionar el más relevante de
todos, el Banco Mundial revela un 36% en el año 2000 el porcentaje de la
población que vivía bajo la línea de la pobreza, hasta reducirse al
8,6% al año2017. Si bien sabemos que queda mucho por avanzar (como en
cualquier país del planeta), solo la supina estupidez podría decir que
Chile fracasó en mejorar la calidad de vida de su población. Sin
embargo, sólidos argumentos no evitan que conceptos como “desigualdad”
sean manoseados por la izquierda, a modo de invalidar los resultados
logrados por la economía social de mercado. Sin embargo, cabe
preguntarse ¿la desigualdad en Chile justifica cambios radicales y sin
destino como los exigidos por la izquierda chilena? Observemos que la
distribución del ingreso en la población (coeficiente de GINI) era 57,2
en el año 1990 y se redujo hasta 44,4 al año 2017. Es decir, Chile no
tan solo disminuyó la pobreza en el país, sino que además acortó la
brecha entre ricos y pobres. Conjuntamente, la distribución del ingreso o
desigualdad como les gusta decir a los amantes del Estado, apenas
mejora después de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que la disminución
de la pobreza y distribución del ingreso en la población van de la mano
del crecimiento económico impulsado por la iniciativa privada de casi
dos millones de emprendedores y sus trabajadores que se sacan la mugre
día a día en sus micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Por eso
es insano pretende tirar todo por la borda y no enrolarse en un dialogo
fraterno para la generación de múltiples mejoras, sin debilitar los
fundamentos constitucionales que garantizan la libertad de las personas,
combustible del desarrollo nacional y promotor de la justicia social.
No
desconocemos que nuestro país adolece de vicios que deben ser
resueltos. Y es en democracia que estamos todos llamados a promover la
eficiencia institucional como competitividad de los mercados que han
permitido alcanzar nuestro mayor estado de desarrollo en la historia,
por mucho que se avergüencen y golpeen el pecho los mismos que han
gobernado 24 de los últimos 30 años. Nuestra democracia requiere cambio
de actores, y no solo por sostener el eslogan de renovación, sino como
mecanismo de protección que limite la reelección con retroactividad de
los parlamentarios. Dadas las dietas, asignaciones parlamentarias y
reelección sin límites, se han creado los incentivos para constituir
maquinarias electorales en los distritos que hacen muy difícil la
competencia perpetuando al incumbente y posibles malas prácticas,
desincentivando la participación de personas más capaces. Con la misma
convicción que se debe proteger la libertad en los mercados evitando
monopolios, oligopolios o colusiones, la política debe fomentar la
competencia.
Para
resolverla crisis política debemos cambiar comportamientos y mejorar
instituciones. Pero antes de lanzar propuestas a ciegas u hojas en
blanco, la reforma constitucional que limita el poder “feudal” de los
parlamentarios, es una señal inequívoca respecto de la democracia que
queremos.