La mayor transferencia masiva de la política social

Esta
semana tuvimos la oportunidad de recorrer cuatro comunas de la región
para ayudar a que más familias accedan al Ingreso Familiar de Emergencia
(IFE) Universal. Este beneficio se entregará por segundo mes
consecutivo a la totalidad del Registro Social de Hogares, con el único
requisito que quienes estén entre el 91% y el 100%, según la
calificación socioeconómica, deberán entregar una declaración de
ingresos que acredite no sobrepasar los $800.000 establecidos por
integrante.

Como
la finalidad de esta ayuda es que ninguna familia quede por debajo de
la línea de la pobreza, durante el primer proceso de solicitud del mes
de junio, 6,8 millones de hogares y 14,5 millones de personas fueron
beneficiados, lo que significó un monto de MM$ 2.031.012, proceso
considerado como la mayor transferencia masiva de la política social
chilena.

Pero
sabemos que hay cerca de 300 mil familias que pudiendo acceder al
beneficio aún no lo han solicitado, lo que ha generado una serie de
iniciativas en terreno para llegar a ellas en este nuevo período de
inscripción que finaliza el 18 de julio. Para alcanzar este desafío,
junto a nuestros funcionarios de Desarrollo Social y Familia, de
gobernaciones provinciales, seremías, direcciones y servicios públicos,
hemos estado ayudando a la ciudadanía mediante instancias informativas y
gestionando cada caso.

Así,
visitamos a familias de las comunas de Río Verde, Laguna Blanca, Torres
del Paine y Natales para atenderlas de forma personalizada en sus
hogares y lugares de trabajo, porque entendemos que la geografía y las
particularidades de nuestra región en ocasiones impiden solicitar los
beneficios sociales vía internet o acercarse de manera expedita a algún
servicio público.

También
hemos estado atendiendo las solicitudes de creación o actualización del
Registro Social de Hogares, este importante instrumento que nos permite
facilitar los procesos de selección de beneficiarios frente a la amplia
oferta de subsidios y programas estatales mediante una calificación
socioeconómica.

Por
ello, la necesidad de tener siempre actualizados los datos del
registro, como los ingresos laborales, pensiones, número de personas que
conforman el hogar, acceso a los servicios básicos, situación de la
vivienda, entre otros, para que nuestro Gobierno pueda saber cómo es la
realidad de cada familia, y en definitiva dirigir de mejor forma los
recursos sociales.

Como
autoridad regional espero que este mes podamos alcanzar el universo
estimado, porque entendemos que el 2020 fue un año difícil para muchas
familias, quienes tuvimos que asumir, de una u otra forma, las
consecuencias del estallido social y de una crisis sanitaria mundial.

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