Que
el estado debe apoyar a las Micro, Pequeñas y medianas empresas… no
cabe ninguna duda. Que debe apoyar a las grandes empresas… en algunos
casos es imprescindible, pero que el Estado apoye a las grandes empresas
y empresarios que mantienen sus fortunas en “paraísos fiscales”… por
ningún motivo.
Cuando
hablamos del Estado, hablamos de todos nosotros, de todos los chilenos y
del aporte que cada una de nosotros hace a la economía, mediante
nuestro trabajo, el valor agregado que de damos a los bienes y servicios
y los impuestos que pagamos. En tal sentido, resulta muy importante el
que el Poder Ejecutivo, es decir el Gobierno de turno, que está a cargo
de la administración de esos recursos, los invierta correctamente para
provocar bienestar social.
Un
número creciente de gobiernos europeos se están posicionando en contra
de rescatar a las compañías de su país que estén registradas en paraísos
fiscales. Canadá se ha convertido en el primer país ajeno al Viejo
Continente en anunciar la puesta en marcha de una medida. De este modo,
el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha anunciado a la Cámara
de los Comunes de Ottawa que no permitirá que las empresas registradas
en paraísos fiscales se beneficien del rescate estatal para compañías
afectadas por el coronavirus que ha puesto en marcha su Gobierno De este
modo, Canadá se une a otros 3 países que ya han aprobado vetar a las
empresas registradas en paraísos fiscales de sus medidas de rescate para
compañías afectadas por el coronavirus. El 8 de abril, Polonia fue el
primer país en anunciar esta medida, a la que 10 días más tarde se sumó
Dinamarca, mientras que el pasado día 23 Francia siguió su ejemplo.
Mientras, los gobiernos de otros 2 países de la UE, Suecia y Austria,
también estarían valorando aplicar el veto a las empresas vinculadas a
paraísos fiscales dentro de sus planes de estímulo económico para frenar
el impacto del coronavirus.
Consultoras
de renombre han realizado estudios al respecto, llegando a la
conclusión de que cerca del 40% de las utilidades de las multinacionales
son destinadas a paraísos fiscales todos los años, implicando que no
están pagando impuestos a las empresas. Para el caso de Chile, esto
implica que se deja de recaudar un 11% por impuesto de primera
categoría. En tal sentido, resulta extraño que, existiendo un consenso
internacional (y supuestamente también un consenso nacional) en la
materia, un sector del oficialismo
haya hecho reserva de constitucionalidad del proyecto que intenta
regular esta materia, argumentando que exigir que empresas no operen en
paraísos fiscales, afecta el derecho a la libre actividad económica, la
no discriminación arbitraria, y el derecho de propiedad en sus diversas especies.
Si
queremos caminar hacia una nueva normalidad, el país debe dar señalas
políticas que legitimen nuestros pactos, y no parece justo hacer vista
gorda respecto de aquellos que piden solidaridad en condiciones extremas
pero que miran su propio bienestar el resto del tiempo. Menos cuando la
mayoría de la población es solidaria permanentemente.