El
pasado miércoles, luego de una maratónica sesión, el Senado aprobó, con
cinco votos oficialistas, el proyecto que permitirá que, por una vez y
de manera extraordinaria, las personas afiliadas a las AFP puedan
retirar el 10% de sus ahorros para hacer frente a las secuelas sociales y
económicas que trajo consigo el coronavirus. Al día siguiente, en la
Cámara de Diputados, el proyecto fue aprobado por 116 votos (28 en
contra y 5 abstenciones).
En
ambos casos se trató de una votación histórica no solo por el respaldo
de parlamentarios oficialistas, sino que, sobre todo, por la caída de
ciertos dogmas que parecían tallados en piedra. Si bien la votación solo
hace referencia a un retiro de fondos excepcional en el contexto de la
pandemia, también quedó en evidencia la profunda desafección que la
gente siente con respecto al sistema previsional impuesto en dictadura,
que no cumplió con la promesa inicial de pensiones equivalentes al
setenta por ciento del salario.
No
soy de las que piensa que hay que derribar el modelo o pasar la
retroexcavadora, pero sí creo que se deben hacer ajustes en serio para
cambiar ciertas lógicas que el denominado estallido social dejó en
evidencia, donde el tema de las AFP surgió como una de las más sentidas
demandas. Algo de eso hay en este voto, pero, contrario a lo que algunos
han sostenido, no fue mirando las encuestas y las redes sociales, sino
los cientos de ollas comunes a lo largo del país, que establecieron una
conexión que no se veía hace mucho tiempo entre la cruda realidad y la
clase política.
Tampoco
fue un voto ideológico en el sentido puro de la afirmación, porque
sino, no se explicaría que parlamentarios y parlamentarias oficialistas
hayan apoyado este proyecto. Este no es un tema ni de derecha ni de
izquierda, sino de sentido común, de mínima empatía con la gente, en
este caso, con la gran clase media. No nos engañemos, hay un transversal
sentimiento de rabia contra las AFP que, como se ha dicho en estos
días, son el símbolo de los abusos a los que por décadas el pueblo de
Chile se ha resignado. Pero eso ya no da para más.
Tal
como dije en la fundamentación de mi voto a favor del retiro del 10% y,
hablando a titulo personal, mi motivación no fue infringirle una nueva
derrota al Gobierno, pero sí ponerme en los zapatos de cientos de miles
de familias que lo están pasando mal. No es ser obstruccionista ni nada
parecido señalar que el Gobierno ha llegado tarde y mal en todos estos
meses. No olvidemos que el primer Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)
era de $65 mil y decrecientes en los meses sucesivos. Dijimos que era
insuficiente, no una, sino varias veces, pero el Gobierno no escuchó.
En
algún momento este virus tendrá que remitir y permitirnos ir retomando
nuestras vidas, pero es evidente que en nuestro país hay muchas cosas
que ya no pueden volver atrás porque eso sería no haber entendido nada
¿Cuántas veces nos dijeron que los sistemas públicos y privados de salud
no podían estar integrados? Ya quedó demostrado que se puede y que
funciona, entonces ¿por qué echar pie atrás?
Todo
lo que hemos pasado y las votaciones registradas en el Congreso colocan
la discusión por la reforma a las pensiones en otra lógica. El nuevo
Chile, ese que debemos rearmar entre todos, no se merece un sistema que
condena a nuestros adultos mayores a una vejez dominada por la
precariedad y el temor. Llegó el momento de cambiar las lógicas que por
décadas nos han dominado, para enfrentar un futuro donde la dignidad
alcance para todos.