Cinco grupos de
postulantes a viviendas sociales mejoradas acusan haber sido “baypaseados”,
tramitados y que sus sueños de casa propia se esfuman por razones burocráticas.
Unas 300 familias
de clase media baja y baja de Punta Arenas esperaban recibir las llaves de sus
casas propias por estos días, cumpliendo el anhelado sueño de la casa propia.
Ayer, en la
entrega de viviendas del conjunto Altavista II (en calle Santa Juana esquina
Avenida Martínez de Aldunate) realizaron una funa a las autoridades del Minvu
molestos por su situación. Ello conllevó que tuviera que hacerse presente
Carabineros.
La historia
Los todavía
esperanzados postulantes, con subsidios en sus manos, no saben si lo lograrán
tener casa, ni cuándo, ni tampoco si ese beneficio se mantendrá después de
vencido el plazo legal de su vigencia que, para unos, serán los primeros días
de abril, o en mayo o en junio.
Altos
funcionarios de Gobierno les habrían hecho saber y lo han declarado a diversos
medios de comunicación que el Gobierno de Sebastián Piñera “les entregó
papeles” y que las nuevas autoridades han cambiado las prioridades, por
ejemplo, privilegiando a familias descendientes de las etnias originales en la
construcción de sus viviendas propias y a las cuales este régimen les entregó
subsidios para la casa propia.
Camino largo
Cinco
agrupaciones de familias iniciaron hace ya años, el largo y difícil camino de
esfuerzo, sacrificio y ahorro para acceder, por una sola vez en la vida, según
las normas legales vigentes, al subsidio del Estado chileno para lograr una
casa propia.
“Mi Esfuerzo, Mi
Recompensa, Mi Hogar”, con 59 familias, ha sido liderada por Roxana Gallardo;
“La Casa de Mis Sueños”, con 62 grupos familiares la dirige Alba Mardones;
“Luchando por una Casa”, agrupa a 162 familias, y la encabeza Fernando Serón;
”Luchando por un sueño”, con 41 familias, lo encabeza Rosa López, y cierra esta
nómina “Quiero mi Techo”.
A ellos deben sumarse
otros dos grupos, cuya situación es parecida pero no similar a la de las
familias de estos primeros cinco, ya que aún tienen esperanzas y confianza en
el Serviu.
Estas 300
familias se encomendaron al Serviu como entidad patrocinante, es decir, descargaron
en ese servicio público todo lo referido a terreno, diseño de las viviendas y
otros aspectos propios del tema.
Juntaron lo
necesario y, en primera instancia, recibieron
un subsidio de 700 UF, cuyo valor actual bordea los 25 mil pesos, y
después, un aporte especial por otras 140 UF, es decir, cada familia disponía
de unos 18 a 20 millones de pesos para su vivienda.
Sin embargo,
pudieron saber, con rabia contenida, que los “cuadripareos” ofrecidos en
primera instancia, es decir, ocho departamentos por cada “edificio”, resultaban
más caros que una casa mejorada.
La “Cueca larga”
El Serviu llamó a
licitación pública -la primera en años, después que se levantara la población
“Nelda Panicucci”- Rolada a Id 638 – 67 LP 14, por la suma de 192 mil 421,91
Unidades de Fomento.
La licitación fue
declarada desierta porque la única empresa que se presentó, pidió 259 mil 600,7
unidades de fomento, es decir, casi un 35 por ciento sobre el presupuesto
original, o sea, 67 mil 178,71 unidades de fomento más.
Los postulantes,
ante el atraso de la gestión del Serviu, rechazaron los “cuadripareos” y
pidieron, en todos los tonos y con argumentos de todo tipo, incluso
socio-culturales, que se construyeran viviendas sociales.
El Serviu
disponía y aún dispone de un terreno de
casi dos hectáreas -18 mil 845 metros cuadrados – a un costado de la Villa
ANEF, al final de calle Manuel Rodríguez, pero cuya superficie no da para la
construcción de las viviendas requeridas.
Sin embargo,
colindante con esos terrenos, existen otros cinco, que sí tienen la superficie
requerida, el llamado Lote B, inscrito en el Conservador de Bienes Raíces a
fojas 1451/2565, y el CORE asignó fondos para su adquisición por un par de
miles de millones de pesos.
Hasta ahí, todo
bien, pero cuando la directora del Serviu, la arquitecta Hina Carabantes, se
reunió con los dirigentes de los postulantes, les hizo saber que esos terrenos
carecen de la densidad necesaria para un proyecto como el que piden los
postulantes con sus subsidios por vencer.
Otro terreno.
Quedaba otro
terreno, de 7,5 hectáreas y con densidad suficiente para concretar la
construcción de viviendas sociales, pero que estaba inscrito como propiedad del
padre del diputado Gabriel Boric y de la esposa del diputado Juan Morano. El
terreno nunca se sometió a votación en el CORE porque el Gobierno Regional no
lo presentó entre las propuestas.
Así es como no
hay una solución y los postulantes arriesgan quedar sin sus casas propias o que
les caduquen, por la vía administrativa, los certificados de subsidios
habitacionales otorgados por la administración de Sebastián Piñera. “Nos han
postergado, baypaseado, mentido, tramitado y vilipendiado porque fue el
gobierno anterior el que nos otorgó un beneficio al que pueden postular todos
los chilenos y ello, en la práctica, nos ha creado problemas porque hemos sido
discriminados por motivos políticos”, aseguró Roxana Gallardo.