El
más duro, sin duda, fue el seremi de Economía, Christian García,
precisamente, uno de los cinco secretarios ministeriales que en enero
votó a favor de aprobar el uso de tronaduras para Mina Invierno,
incluso, en contra de lo que su propio partido había instruido.
Para
la autoridad regional, sin embargo, el actuar de Mina Invierno en las
últimas semanas, al anunciar públicamente el cierre de la empresa en dos
años si no se aprueba el uso de tronaduras, resulta inaceptable. “Las
empresas tienen que cumplir lo dispuesto por el Estado. Si no lo
cumplen, ellos no le pueden echar la culpa a las autoridades cuando
ellos van a generar desempleo.
La generación de desempleo de la que
están amenazando Mina Invierno es sólo responsabilidad de Mina Invierno.
Si ellos hicieron un mal proyecto, no constituyeron bien su estudio o
no evaluaron bien el proyecto, es una responsabilidad de los diferentes
ejecutivos y constituye una presión indebida. Y una cosa más, el
narcotráfico también genera un montón de empleo y no por eso el Estado
deja de combatirlo”.
El
intendente, Jorge Flies, el voto decisivo aquella tarde del 10 de
enero, declaró, a su vez: “Uno sigue el procedimiento que la ley ha
estipulado.
Es necesario recordar que se tuvo que hacer una revaluación
de los informes por orden de la Corte Suprema para incorporar el diálogo
ciudadano y hubo observaciones que hasta el último momento estaban
presentes, donde las propuestas de la empresa aunque fueran factibles, a
la vista de la comisión y de quien habla, no eran suficientes sobre
todo por la historia que tenemos con Mina Invierno, tanto por la
propuesta inicial que iba sin tronaduras, como en los procesos
ambientales que hemos llevado con esta empresa, aunque reconozco que
desde el punto de vista estructural han actuado bien”.
Flies
agregó que “Aquí no estábamos evaluando el trabajo de las personas,
sino la petición de un cambio sustantivo en lo ambiental como son las
tronaduras. El que pongan por delante el trabajo de las personas es una
presión pública indebida”, agregó.
Finalmente,
el seremi de Medio Ambiente, Juan Marcos Enríquez, expresó que “tenemos
tranquilidad en cuanto a lo obrado. Todos los seremis que votaron en
contra dieron una argumentación legal que está dentro de lo que la ley
nos faculta”.
Declaró
que la Comisión de Evaluación Ambiental del Gobierno Regional es un
ente técnico pero con un componente político que opera “cuando se lo
permiten diversos
instrumentos de planificación que llevan a evaluar la integridad del
proceso”.
Según explicó: “lo que hace el Sistema de Evaluación Ambiental
es recibir la opinión particular y específica que cada servicio tiene
un sentido dentro de ésta cosmovisión general y estamos facultados para
cuestionar los informes técnicos anteriores por varias razones: ya sea
por falta de información o porque hay que complementar información”.
En
este caso, la objeción parte del hecho que, a su juicio, “La mayoría de
nosotros planteamos que hay dudas que hacen necesario realizar un
estudio de impacto ambiental en vez de una declaración y en eso
fundamentamos el artículo 11, letra f, y eso está dentro de lo que la
ley nos faculta y permite, especialmente, haciendo labores preventivas”.
Según
detalló, el registro paleontológico del área es único para discernir
elementos a futuro como el enfriamiento de la Tierra. “La línea base
original de Mina Invierno es bastante mala lo que no nos permite
orientar el registro paleontológico, tanto es así que el 50% del
registro paleontológico que se ha descubierto hoy es reciente y está
asociado a la exploración de la empresa.
Estamos encontrando cada vez
más un mayor recurso que no fue declarado en la línea base original y,
por lo tanto, tenemos
que tomar ciertos resguardos. En cierto momento hubo un derrumbe en la
mina que llevó a pérdida de nuestro registro paleontológico en el área y
por lo tanto existiendo dudas la ley nos faculta a ser preventivos”.