“Más
que ser un avance, significa lamentablemente un retroceso”. Así resume
el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, la idea que se discute
en la Convención Constitucional sobre eliminar la figura de fiscal
nacional y sustituirla por un Consejo Superior que dirija todo el
Ministerio Público.
La
propuesta fue aprobada en particular por la Comisión de Sistemas de
Justicia. Consiste en crear un órgano colegiado que sea paritario y
compuesto por tres persecutores elegidos por sus pares, otros tres por
el Congreso y un último funcionario elegido por votación.
De
acuerdo al fiscal Campos, este organismo podría “multiplicar la
burocratización. Se torna difusa la responsabilidad de las autoridades
de este Consejo Superior, a diferencia de tener una jefatura unitaria
como es la figura del fiscal nacional”.
La
propuesta generaría rechazo en la academia y al interior de la propia
institución. La semana pasada, los fiscales regionales extendieron una
carta al pleno de la Convención Constitucional que contiene sus reparos a
la medida.
Según
el fiscal Campos, una de las preocupaciones radica en que las regiones
pierden terreno respecto a la toma de decisiones, las cuales estarían
centralizadas en Santiago.
“Este
Consejo Superior funciona en Santiago, no funciona en ninguna de las
demás regiones del país y menos funcionará en Magallanes. Es decir, el
poder decisorio -que, reconocemos, puede ser mejorado- se pierde”, dice
el persecutor.
El
persecutor agrega que también se generaría una ralentización en la
persecución penal y una pérdida en la autonomía del Ministerio Público,
pues casi la mitad de los miembros del Consejo Superior serían electos
por el Congreso.
“Creemos
que el Ministerio Público debe ser una institución autónoma y
jerarquizada, compuesta en su cúpula superior por un fiscal nacional,
porque esta figura unitaria de jefatura limita a una sola persona las
responsabilidades que dicen relación con temas propios de la persecución
penal”, dice Campos.