Potente. Así califican en las oficinas centrales de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) el dictamen de Contraloría emitido el 19 de junio pasado, en el que la entidad fiscalizadora sometió a consideración el llamado caso DAP: los cuestionamientos transversales a la licitación realizada el año pasado sobre el servicio de helicópteros para transportar a los funcionarios hasta las plataformas costa afuera en Magallanes.
La polémica estalló en septiembre del año pasado: para entonces, ENAP Magallanes había llamado a una licitación privada para la prestación del servicio, un proceso en el cual dos empresas llegaron a presentar ofertas económicas: Aerovías DAP, que había prestado el servicio durante 25 años y tenía una evaluación de más de 93% de satisfacción en el Sistema de Evaluación de Proveedores de ENAP, y Ecocopter S.A., una empresa sin presencia en Magallanes.
La primera presentó una oferta de US$ 35,8 millones; la segunda, por su parte, ofertó US$ 42,7 millones.
Conocidos los montos, la estatal decidió declarar terminada la licitación y negociar directamente, con Ecocopter, empresa que había perdido en el concurso.
Sus argumentos para ello están detallados en el dictamen emitido por Contraloría el 19 de junio pasado, el cual fue requerido por DAP, los sindicatos de Trabajadores y Profesionales de ENAP Magallanes, la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados y el Senado, además de la propia petrolera.
En él, se detalla que la decisión de declarar terminada la licitación “se adoptó dadas las conclusiones de la auditoría externa que se tuvo a la vista en Sipetrol S.A. -empresa constituida en argentina por ENAP- sobre supuestos conflictos de interés entre un entonces funcionario (de Sipetrol) (…) con la sociedad DAP Helicópteros Argentina, que forma parte del grupo empresarial DAP”.
Por lo mismo, según relata el dictamen, “el 26 de agosto del mismo año el directorio (de ENAP) aprobó el trato directo con Ecocopter S.A. , además, dejó constancia de la omisión por DAP en su declaración de accidentabilidad en el proceso previo de accidentes que la habían afectado”.
Tanto en las
oficinas de Aerovías DAP como en el Sindicato de Trabajadores de ENAP
Magallanes existía sorpresa por la publicación de la gerencia de la estatal
sobre el pronunciamiento de Contraloría. La empresa demandante y el gremio no
habían recibido el pronunciamiento de la entidad fiscalizadora y se habían
informado a través de los medios de comunicación.
Mientras en
la aerolínea desestimaron dar declaraciones hasta que tuvieran el documento en
las manos, el presidente del Sindicato de Trabajadores manifestó su molestia.