Con datos primarios, el Índice de Estado de Derecho del WJP mide el desempeño de los países en cuanto a Estado de Derecho utilizando ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
Según el estudio, Chile bajó una posición en IED, al pasar del lugar 26 (en 2016) al 27, de un total de 113 países incluidos en el reporte 2017-2018.
Esto lo ubica en la posición 3 de 30 países en la región de América Latina y el Caribe, y en el puesto 26 de 35 países de ingreso alto.
Los cambios significativos incluyen un deterioro en el factor cumplimiento regulatorio.
Los tres primeros lugares en el IED 2017-2018 son Dinamarca (1), Noruega (2) y Finlandia (3); los últimos tres son Afganistán (111), Camboya (112) y Venezuela (113).
A nivel mundial, la mayoría de los países vieron un deterioro en sus puntuaciones desde la publicación del último IED (en octubre de 2016) en temas de derechos humanos, límites al poder gubernamental y justicia civil y penal.
En tanto, en América Latina y el Caribe, el mejor posicionado fue Uruguay, que ocupó el puesto 22 de 113 países, seguido por Costa Rica y Chile.
Surinam fue el país que experimentó el mayor cambio, al caer diez lugares, hasta ubicarse en el puesto 69 de 113 países.
Tres países en la región experimentaron deterioros en límites al poder gubernamental, mientras que tres países mejoraron en gobierno abierto. Venezuela volvió a ocupar la última posición de los 113 países incluidos en el IED.
De acuerdo con lo expresado por el fundador y CEO del WJP, William H. Neukom, “ningún país ha logrado, mucho menos sostenido, un Estado de Derecho perfecto.
El Índice de Estado de Derecho del WJP es un primer paso para establecer puntos de referencia, informar y encaminar reformas, y para enfatizar la importancia fundamental del Estado de Derecho”.