Algo
extraño pasó la mañana del jueves en la Dirección de Desarrollo
Comunitario (Dideco) de Punta Arenas: llegó el alcalde Claudio Radonich
junto a la directora subrogante de la Dirección, Jessica Castillo, para
anunciar que desde el próximo lunes comenzarán las postulaciones para el
subsidio del gas. Hasta allí, todo bien. Incluso la autoridad comunal
aseguró que “hay muchas expectativas respecto de los anuncios de la
última semana, en donde se indica que hay un aumento de cupo para las
personas que quieran”, pues “ese subsidio lo paga el Gobierno”.
De
pronto, apuntó al Gobierno central, expresado para estos efectos en la
Delegación Regional Presidencial (encabezada por José Ruiz Pivcevic),
para que sean ellos quienes “indiquen cuáles son los cupos para Punta
Arenas y, sobre todo, cuáles son los requisitos y si hay una
priorización para que las personas puedan postular”.
¿Cómo
así? Por ejemplo, que podría haber dos mil cupos de subvención para
Punta Arenas (solo un ejemplo) y tres mil personas postularían. “¿Quién
tiene prioridad para postular?”, cuestionó.
“Nos
dijeron de la Delegación que es un tema que van a ver directamente
ellos. Nosotros estamos abriendo los cupos de postulación según los
requisitos que la delegación y el Gobierno nos ha informado”, precisó
antes de llamar a transparentar los criterios, “para que ninguna persona
en Punta Arenas tenga ninguna duda y que esta iniciativa no sea materia
de conflicto para nuestros vecinos”.
Pues
bien, en la página web de la Delegación Presidencial de Magallanes
aparece publicada una noticia destacada: en 10 de mayo pasado se celebró
la entrega de dos mil 240 subsidios de gas para adultos mayores,
personas con discapacidad y cuidadoras con credencial.
Más
todavía: el delegado Ruiz firmó el convenio con presencia de los
alcaldes de las comunas beneficiadas, de Puerto Natales, Antonieta
Oyarzo; de Porvenir, José Parada; y por Punta Arenas, la entonces
subrogante Claudia Casas; además del gerente de Gasco Magallanes, Sergio
Huepe.
En concreto, el subsidio sube un 38,3% en comparación al 2023, pasado de 1.620 a los 2.240.
También
se revisó los subsidios entregados actualmente, “con la finalidad de
garantizar que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan. Como
resultado, aquellos que ya no cumplían con los criterios de asignación
vieron extinguido su beneficio”, dijo en la ocasión Virgina Guenul,
encargada del Departamento Social de la Delegación.
Requisitos
La
directora (s) Castillo explicó que pueden postular “pensionados,
personas en situación de discapacidad severa y cuidador”. Éstos deben
cumplir ciertos requisitos: poseer medidor único y habitar en forma
permanente la vivienda; el Registro Social de Hogares actualizado con un
tope de un 60% en condición de vulnerabilidad; los ingresos económicos
para una o dos personas deben ser de $428.592 per cápita, y si son más
de tres integrantes de la familia, no sobrepasar los $214.296, que es
una PGU; y además, si corresponde, tener credencial de cuidador.
Los
documentos a presentar en la municipalidad son: Cédula de identidad
vigente; la cartola que se comprueba en el municipio; el comprobante de
ingreso del último mes de todos los integrantes del grupo familiar; si
es pertinente, el certificado médico y la credencial de discapacidad del
integrante del grupo familiar; credencial de la persona cuidadora;
boleta y comprobante de pago de cuenta correspondiente al mes anterior
al que está postulando.
La
municipalidad dispuso de cuatro funcionarios extras para atender
postulaciones y dos funcionarios “de choque, haciendo la revisión previa
de la documentación para ser atendidas por las funcionarias que van a
revisar las postulaciones”.
Los
resultados, cerró la directora, los entregará la Delegación. El
subsidio es permanente y los define Gasco, con variación en función de
la estación: verano e invierno.
Retomando
la presentación de mayo pasado, los alcaldes y el delegado anunciaron
un comité técnico regional con representación de los municipios y la
Delegación para revisar casos especiales, el que se complementará con un
proceso de difusión interna de los propios municipios, junto con “las
unidades y programas que atienden personas y familias en situación de
vulnerabilidad, como un mecanismo para avanzar en la detección de los
casos con mayor necesidad de acceder a este beneficio”, se lee en la
web.
Y claro, también un cuidado especial para las personas cuidadoras.