La normativa, promulgada en junio
de 2017 establece que empresas e instituciones públicas con 100 o más
trabajadores deberán destinar el 1% de sus puestos de trabajo para
personas en situación de discapacidad.
El
objetivo de la ley es promover una inclusión laboral eficaz de todas
las personas, suprimiendo la discriminación salarial que existía
respecto de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad
intelectual, derogando el artículo 16 de la Ley N° 18.600 que permitía
una remuneración menor a la que contempla el sueldo mínimo.
En
el sector privado actualmente hay más de 7.600 empresas que tienen 100 o
más trabajadores, lo que habilitaría aproximadamente 25 mil cupos
laborales para personas con discapacidad. En el sector público hay 158
instituciones, las cuales ofrecerían alrededor de 2.500 vacantes.
De
acuerdo al Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, un 20% de las
personas mayores de 18 años -equivalente a casi tres millones de
habitantes- están en situación de discapacidad, sin embargo solo el 39%
tiene un empleo.
La
ley entrará en vigencia a partir del 1 de abril de 2018, y en su tercer
año será evaluada para medir el impacto que ha tenido. Posteriormente,
los ministerios del Trabajo y de Desarrollo Social evaluarán la ley cada
4 años, enfocándose en los cambios que presente el mercado laboral y la
necesidad de ir adecuando el sistema de inclusión. Los ministerios
deberán emitir un informe al Congreso, ente que será el organismo
encargado de evaluar si el porcentaje que dicta la ley se mantiene o se
eleva.