El primer semestre de esta año, se generó una importante polémica en torno al contrato de caza y captura de caballos en la estancia Yendegaia, celebrada entre la fundación Tompkins Conservation y el empresario Miguel Serka.
El empresario y cirador de equinos Andrés Cox, denunció que se estaba realizando una matanza de estos animales que, según él, eran originarios de la zona.
A esta postura, se sumó un grupo de ambientalistas y la solicitud de investigación que hizo el diputado UDI Ignacio Urrutia a Contraloría respecto de lo que ocurría con dicho contrato.
Por su parte, tanto Tompkins Conservation como Miguel Serka, defendieron su labor, argumentando que estos caballos no eran originarios de la zona, sino que habían llegado por la mano del hombre y que, por lo tanto debían ser sacados del lugar para que no siguieran destruyendo el esosistema. Asimismo, aseguraron que el contrato entre ambos, terminaría antes de que esos terrenos fueran donados al Estado para convertirse en parte del Parque Nacional Yendegaia.
De hecho, el trato llegó a su fin el 14 de agosto pasado, y el 8 de septiembre se habría suscrito el mencionado ‘contrato de donación’, entre la fundación y el Estado.
Sin embargo, el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, en respuesta a la solicitud del diputado Urrutia, dictaminó la semana pasada que el Ministerio de Bienes Nacionales debe acreditar que estas actividades de caza hayan cesado al interior del predio.
A través de un documento emitido por la entidad, se solicitó que se le haga llegar “la documentación que permita acreditar que ese tercero (se refiere a Miguel Zerca) no se encuentra ejerciendo actividades de caza en los terrenos que se donarán al Estado”.
Esto es “sin perjuicio de las medidas que puedan adoptar los organismos con competencia en la materia, una vez que el predio en cuestión ingrese al patrimonio fiscal y forme parte del parque nacional de que se trata”, dictaminó Ramiro Mendoza.
Reacciones
El abogado Juan José Arcos, que comparte la causa de los animalistas, manifestó que “los defensores de los caballos nos hemos anotado una importante victoria, porque Contraloría, corroboró la postura sostenida por nosotros”.
Por su parte, Hernán Mladinic, director ejecutivo de la fundación Tompkins Conservation, comenta que este dictamen responde a un coletazo de la polémica generada el semestre pasado, antes de que se realizara el proceso de donación y traspaso de la propiedad al Fisco, pero que ellos ya tienen el tema totalmente cerrado.
Además plantea, en respuesta a las declaraciones de Arcos que “acá no hay ninguna victoria de nadie, porque nosotros no cesamos la captura y retiro de los caballos producto de una denuncia. Nosotros lo hicimos porque fue nuestro compromiso, desde un inicio. Cuando se entrega una propiedad, tienes que hacerlo libre de ocupantes, contratos o condiciones, y obviamente eso es lo que se hizo. Incluso, es muy probable que, una vez que esto sea parque nacional, Conaf tenga que retirar los caballos y vacunos que todavía persisten en el lugar, si no se va a seguir deteriorando”.
Frente al dictamen, el Ministerio de Bienes Raíces ya solicitó a la fundación del empresario Tompkins que le entregue los documentos que acrediten que ya no se realizan labores de caza y captura de caballos en la estancia.
Es por esto, que Mladinic le entregó al organismo una copia del finiquito del contrato suscrito entre Fundación Yendegaia y Miguel Serka Romero, firmado ante notario el 3 de septiembre pasado.
Al igual que el representante de Tompkins Conservation, Miguel Serka también sostiene que “este tema ya está totalmente finiquitado y quienes hablaron y denunciaron el tema, lo hicieron sin ningún conocimiento”.