La Contraloría recibió los antecedentes referidos el llamado a licitación del servicio de transporte público de Punta Arenas y la revisión pertinente se lleva a cabo en la capital a fin de evitar cualquier dificultad legal o administrativa tanto en los licitadores como entre eventuales interesados en participar en el llamado.
Una vez que esos antecedentes sean revisados, con o sin observaciones, deberán ser derivados a las autoridades regionales, las que deberán informar de las fechas, plazos y todo lo referido a la licitación misma.
Dado que la adjudicación que favoreció a la empresa Movigas estableció que tendría vigencia hasta fines del mes de mayo de este año, se analizan varios escenarios posibles.
Uno, que deba prorrogarse el plazo otorgado, si no hay oferentes validados al abrir las propuestas que se presenten.
O bien, que el oferente que gane la licitación tenga que afrontar la demora que pudiera implicar que en el mercado nacional o internacional no hubiera stock de buses suficientes para cubrir la demanda y que implica el reemplazo de los setenta buses de Movigas, cuyo número pudiera aumentar precisamente, porque se pudiera dar una demanda mayor de usuarios.
Ahora bien, también pudiera darse el caso de que el nuevo adjudicatario quisiera adquirir los buses en operaciones, siempre y cuando se le permita hacerlo y la empresa dueña de esas máquinas aceptara comercializarlos, negociación que también implica una demora impredecible.
Finalmente, persiste la opción de quienes fueron antiguos empresarios del transporte urbano local, quienes han expresado su interés por retomar el servicio, pero requieren financiamiento para ello y miran hacia un eventual apoyo estatal.