El pasado martes el Senado despachó la denominada Agenda Corta Antidelincuencia, donde fue aprobado en particular el control preventivo de identidad. La iniciativa debe ahora pasar a tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados, donde se espera un intenso debate debido a que hay quienes plantean que esta iniciativa es una suerte de “detención por sospecha”.
Pero ¿para dónde apunta la discutida ley? Lo que establece es que los funcionarios policiales podrán controlar la identidad de cualquier persona mayor de 14 años en vías públicas, por cualquier medio de identificación, tal como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta nacional estudiantil. En caso que el requerido se niegue a acreditar su identidad o si, habiendo recibido las facilidades del caso, no le fuere posible hacerlo, la policía podrá conducirla a la unidad policial más cercana para identificarla. Se precisa que este procedimiento no deberá extenderse por más de cuatro horas tratándose de mayores de 18 años y de una hora cuando se tratare de personas mayores de 14 años y menores de 18.
El proyecto ha causado gran controversia debido a su similitud con la detención por sospecha, que existió hasta 1998. Ésta consistía en que Carabineros podía arrestar prácticamente a cualquier persona, dónde y cuándo fuese, aunque no tuviese un motivo de peso para justificarlo. El detenido bajo el concepto de detención por sospecha, podía llegar a pasar hasta 24 horas retenido y mediante una solicitud, este tiempo se podía extender hasta 48 horas. Tiempos que contrastan con el reciente aprobado control preventivo de identidad, algo bastante distinto al máximo de cuatro horas que establece el nuevo proyecto.
El control preventivo de identidad es parte de las medidas enmarcadas en la Agenda Corta Antidelincuencia, que buscan establecerse para detener el aumento de la delinceuncia en el país o, al menos, la sensación de inseguridad que vive la comunidad. De hecho, hace algunos días la encuesta Cadem arrojó que el 76% de los consultados se muestra a favor de dicho control, y que el 19% está en contra de facultar a Carabineros para solicitar a las personas que muestren su cédula de identidad. Incluso, un 58% dice estar a favor de restituir la detención por sospecha, derogada en nuestro país en 1998. En este caso, el rechazo sube a un 36%.
Basta con agregar que, de acuerdo al mismo sondeo, un 85% de los encuestados considera que ha aumentado en el último año, mientras que un 13% estima que se mantiene igual que antes. Sólo un 1% cree que ha disminuido. Un 71% dice tener mucha o bastante preocupación de ser víctima de un delito y un 88% estima que los actos delictivos son más violentos que hace un año.