El Tribunal de Contratación Pública (TCP) decidió esta semana aplicar la primera multa efectiva contra la Municipalidad de Punta Arenas por incumplir el fallo dictado por la misma Corte en 2011, que declaró “ilegal y arbitraria” la licitación del servicio de recolección de basura de la ciudad y obligó a retrotraerla.
El ente judicial dictaminó que “no existe constancia de que la demandada haya dado cumplimiento a lo resuelto” en esa oportunidad, echando por tierra la tesis del municipio de que la sentencia había sido cumplida.
La multa aplicada es de 1 UTM (un total de apenas $ 42.052), que es la contemplada en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, el cual está destinado a obligar a la parte a dar cumplimiento de la resolución del tribunal. El artículo, que también contempla como pena el arresto de quien incumple -en este caso, el representante legal del municipio, el alcalde Emilio Boccazzi- agrega que el apremio podría repetirse tantas veces como el ente judicial considere necesario para que se cumpla la resolución.