En el sentido de
eliminar las leyes de excepción en Magallanes, declaramos lo siguiente:
1.- No compartimos lo
señalado por la Cámara Chilena de la Construcción en cuanto a eliminar los
incentivos a la contratación de mano de obra (Artículo 10°, Decreto Ley N°
889), en forma inmediata en las corporaciones municipales y en un plazo de
cinco años para otras entidades. ¿Por qué en forma inmediata para las
corporaciones y a cinco años para otras entidades? Allí hay una primera
pregunta que sólo se explica por la misión de la CCHC; salvaguardar
exclusivamente los intereses privados por sobre otras consideraciones y en
desmedro del interés público.
Eliminar los
incentivos para la contratación de mano de obra regional es por si solo una
fuente de problemas y un despropósito si se quiere hacer en forma inmediata en
las corporaciones municipales, ya que sin este apoyo estatal las corporaciones
verían en serio riesgo el cumplimiento de sus objetivos institucionales en un
contexto complejo y, por otro lado, dejarían a cientos de personas sin una
fuente de ingreso familiar.
2.-Por las
características, aportes e importancia estratégica de nuestra región, creemos
que el Estado debe seguir fomentando su desarrollo y crecimiento aplicando
variados instrumentos económicos – sociales, tanto en lo público como en lo
privado.
3.-Si la
productividad regional ha caído en los últimos años –como señala la cámara- no
es producto de las leyes de excepción sino que a una multiplicidad de factores
donde la cámara y los privados tienen mucho que decir también.
4.- Por último,
queremos señalar con fuerza que compartimos la idea de generar instrumentos de
apoyo que contribuyan al desarrollo regional, pero estos deben ser desde una
perspectiva integradora, gradual y no en desmedro de los corporaciones
municipales que –si bien “no hacen edificios”- aportan al desarrollo de las
capacidades humanas, la cohesión e identidad regional.