Desde
el 31 de enero de 2012 rige en Chile la Ley N° 20.568 que regula la
inscripción automática y el voto voluntario. Con esto, quedan inscritas
automáticamente en el registro electoral todas las personas que cumplan
los requisitos para votar, esto es mayores de 18 años.
Si
bien antes de esa Ley, de cierta forma tampoco el voto era obligatorio,
ya que aquellos que no querían votar simplemente no se inscribían en el
registro electoral y de esa manera se evitaban ir a excusarse en caso
de que no fuesen a cumplir su deber cívico.
Sin
embargo, tras ver como elección tras elección la cantidad de
participantes disminuían, distintos políticos de los diversos sectores
promovieron la inscripción automática, permitiendo de esa forma que
todos aquellos que cumplían la ley y que eran mayores de 18 años,
pudiesen decidir votar o no sin tener que excusarse.
Dicho
voto se realizó durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. En
dicha oportunidad se dijo que “esta reforma significa una invitación a
reenamorarnos de la democracia”, sentenció el mandatario. La iniciativa
nació posterior a la elección de Piñera, luego de que diversos sectores
políticos discutieran sobre cómo fomentar la participación electoral de
los chilenos, especialmente de la población joven. Esta ley, publicada
en el Diario Oficial el 31 de enero de 2012, no obliga a sufragar, es
decir, es una votación voluntaria y, por lo tanto, si alguien no emite
su voto, no necesita acudir a Carabineros, ni tampoco se expone a una
multa. Uno de los cambios conseguidos fue la ampliación del universo de
votantes, obteniendo cerca de 4.5 millones de nuevos electores. Con su
aplicación el nuevo sistema de inscripción automática y voto voluntario
debutó en las elecciones municipales de 2012. Aquella instancia se
caracterizó por los bajos niveles de participación, llegando a un 40% de
votos efectivos.
En
tanto, actualmente los parlamentarios buscan instaurar el voto
obligatorio, el cual inscribiría automáticamente a todos los mayores de
18 años, obligándolos a votar y en caso de no hacerlo deberán excusarse.
Sin embargo, esta medida no es válida para el presidente regional de
Renovación Nacional, Gabriel Vega Gutiérrez, quien según relata, esta
medida va en contra de las libertades de las personas.
Es
así que Vega, manifestó que “en 2012 cuando se instaura el voto
voluntario fue algo que vi con muy buenos ojos. Tener al Estado
obligándote a hacer cosas, no va de las mano con las personas que
pensamos que el individuo está por sobre los proyectos colectivos, por
lo mismo ver el voto como un derecho es algo de lo cual yo estoy de
acuerdo, que lo celebro y que no sea una obligación, que el Estado no
nos tenga que obligar a realizar esta acción”.
“Muchos
hablan de esto como un deber cívico, pero la verdad que es bueno que la
gente tenga esa responsabilidad, pero las personas que tomen la
decisión de no querer participar, ya están manifestando una opinión y a
mí me parece igualmente democrático”, dijo el dirigente del oficialismo.
Finalmente
el presidente regional de RN, señaló que “la democracia no se fortalece
con obligaciones, la democracia se fortalece con mayor participación
ciudadana, con mejor calidad de la política, con la mejor valoración de
la ciudadanía de la política y eso es lo que los políticos tenemos como
tarea de aquí para delante. Espero que el voto se mantenga como un
derecho y no una obligación ya que estoy muy a favor del voto voluntario
y que cualquier persona pueda ejercerlo”.
Sobre el proyecto
La
Cámara de Diputados rechazó el martes de la semana pasada el proyecto
de reforma constitucional que restablecería el voto obligatorio.
Así
fue resuelto tras alcanzarse 89 votos a favor, faltando 4 votos para
alcanzar los 93 que se requerían por quórum. En contra votaron 44
diputados, y 15 se abstuvieron.
La iniciativa pretendía instaurar nuevamente el voto obligatorio para todas las elecciones populares del país.
En
adelante, el proyecto puede ser reingresado, lo que será analizado con
la oposición, dado que ya fue aprobado en su idea de legislar.
Los reparos del Gobierno
El
proyecto tuvo el rechazo de parte del oficialismo y de los diputados
humanistas Florcita Motuda, Pamela Jiles, y de Felix González (del
Partido Ecologista Verde). En tanto, el diputado DC Raúl Soto se
ausentó.
Pese
a que la iniciativa fue inicialmente aprobada con votos del
oficialismo, desde el Gobierno se inició un despliegue de autoridades
para frenar el despacho de la reforma constitucional. En específico, el
ministro de la Segpres, Felipe Ward, y el subsecretario de la cartera,
Juan José Ossa, fueron los encargados de realizar las gestiones. “Como
Gobierno creemos que es mejor trabajar en los incentivos para que las
personas vayan a votar que responder desde la política a través del voto
obligatorio, en relación con las demandas sociales que están
desarrollándose en el país”, indicó en su momento el ministro Ward a El
Mercurio.
En
paralelo, el representante del Poder Ejecutivo en el Congreso reconoció
que estaban haciendo gestiones con los parlamentarios de Chile Vamos
para evitar darle el quórum requerido al proyecto.