Cargos
por desórdenes públicos, atentados contra la autoridad y daños
calificados, se les imputó a cuatro jóvenes la tarde del 6 de noviembre
del año pasado, en una audiencia de control de detención que se realizó
en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, luego de ser sindicados por
el Ministerio Público como los autores de un ataque con piedras en
contra de las dependencias de la Primera Comisaría de Carabineros, en el
barrio 18 de Septiembre, en el contexto de las manifestaciones por el
Estallido Social.
A
más de ocho meses del hecho, el Consejo de Defensa del Estado interpuso
a fines de la semana pasada una querella criminal por los mismos
delitos en contra de los imputados Nicolás Aguilante Poblete (18),
Matías Calbún Gotta (19), junto a los adolescentes C.A.E.V. (17) y
L.I.S.V. (16).
Según
se señala en la acción penal, el hecho se suscitó a las 2.56 horas del
mencionado día, momento en que el personal de servicio de guardia de la
unidad policial alertó por radio a la Central de Comunicaciones
(Cenco), dando cuenta del ataque al cuartel por parte de los cuatro
individuos, quienes emprenden huida a pie por calle Martínez de Rosas,
hacia el poniente.
En
el comunicado radial se dio cuenta que tres de ellos vestían ropas
oscuras y uno vestimenta clara, todos de estaturas bajas y uno de ellos
portaba un bolso adosado a la espalda tipo mochila.
Tras
realizar un patrullaje por las inmediaciones, se logró divisar a los
jóvenes que reunían las características indicadas por el personal de
guardia, quienes huían por la Avenida
Martínez de Aldunate hacía el sur y, al ver la presencia policial
intentan evadir el control, siendo interceptados a la altura de calle
Manuel de Salas.
Se
aclaró que al momento de la detención, los policías debieron utilizar
la fuerza dada la oposición directa de los involucrados.
Al
respecto, se solicitó en la querella que se despache orden de
investigar a Carabineros, con el objeto de que se practiquen las
diligencias investigativas tendientes a la acreditación de los hechos;
además de oficiar a fin de que informe sobre el monto del costo de
reparación de los daños causados al cuartel policial. Y finalmente
remitir las grabaciones de las cámaras de seguridad de la unidad
policial del día en que ocurrió el ataque.