El complejo
penitenciario de Punta Arenas que congrega al 81% del total de la
población penal regional, con 330 internos entre imputados y condenados,
ha llevado a cabo notables esfuerzos para mantener fuera de la cárcel
al Covid-19.
Con
el apoyo de autoridades de gobierno y del Comando Conjunto, se comenzó a
aplicar una nueva barrera para neutralizar a posibles vectores de
contagio. En este caso, las personas que van a dejar encomiendas a los
internos.
Tras
la suspensión de la visita en marzo pasado, los familiares de los
reclusos ahora pueden mantener contacto con sus seres queridos mediante
videollamadas, así como también enviarles encomiendas.
Sin
embargo, también hay un riesgo en la manipulación y entrega al interior
del penal de los productos enviados por los familiares, por lo que a
partir de ahora efectivos militares comprobarán que el RUT de la persona
que va a dejar la encomienda no esté identificado según sistema como
portador de coronavirus o como sujeto a cuarentena.
En
este sentido, el director regional de Gendarmería en Magallanes y
Antártica Chilena, coronel Luis Muñoz, explicó que a través de la
coordinadora regional de Seguridad Pública, Jeniffer Rojas, se gestionó
que el Comando Conjunto enviara personal militar para el control de
ingreso de las personas que van a dejar encomiendas los lunes y
miércoles al CP de Punta Arenas.
El
coronel agregó que “este control permitirá, conforme a la aplicación
que maneja dicho personal, detectar a las personas que tienen Covid-19 y
las que están en cuarentena. Ésta es una medida más que hemos adoptado
para prevenir el ingreso de esta pandemia al interior de las unidades
penales”.
Tras
la verificación realizada por el personal militar, los familiares
acceden a otro cordón de seguridad al interior del CP, donde las
encomiendas son revisadas por parte de Gendarmería para evitar el
ingreso de productos prohibidos y ser finalmente entregadas a los
destinatarios.
De
esta manera, Gendarmería continúa desarrollando acciones de carácter
preventivo que han significado mantener el buen estado de salud en la
población penal así como en sus propios funcionarios.