Cuatro
trabajadoras de la Universidad de Magallanes (UMAG) denuncian acoso y
hostilidad laboral, además de una negligente respuesta por parte de la
institución. Se trata de Pía Tapia Pérez, trabajadora social de la
Unidad de Servicios Asistenciales de la Dirección de Asuntos
Estudiantiles (DAE), Jimena Zúñiga Vega, asistente social también de la
DAE, Sandra Guerrero Battaglia, gestora estudiantil a cargo de la Unidad
de Gestión Estudiantil de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, y
Evelyn Cárcamo Miranda, asistente social con 27 años de antigüedad que
ocupaba el cargo de coordinadora de la Unidad de Servicios
Asistenciales, quien actualmente tiene una destinación al Centro
Asistencial Docente e Investigación de la Universidad de Magallanes,
CADI.
El
origen del caso ocurre cuando el 2 de diciembre de 2022, tres
funcionarias dependientes de la DAE ingresaron una denuncia por acoso
laboral a la Unidad de Prevención y Acompañamiento en materias de acoso,
violencia y discriminación, la cual tres días después acusó recibo de
ésta. El 14 de diciembre de 2022 la comisión sugirió tres medidas en
específico, mediante a acta entregada al rector de la UMAG José
Maripani. En esa misma fecha se incorporó una cuarta funcionaria a la
denuncia por hostilidad laboral efectuada ante la Mutual de Seguridad,
institución sanitaria que falló en primera instancia a favor de una de
las denunciantes, dictaminando su traslado y reubicación a otra
dependencia de la universidad.
Invisibilización
Sin
embargo, luego del receso de verano y a tres meses de la primera
denuncia, las otras tres funcionarias involucradas siguen sin obtener
una respuesta satisfactoria a sus casos, habiéndose reintegrado a sus
labores el 27 de febrero al igual que el resto de trabajadores, sin que
exista un cambio en su situación. Esto motivó un pronunciamiento
de parte de la Federación de Estudiantes de la Universidad de
Magallanes, FEUM, quien expresó su absoluta solidaridad con las
trabajadoras afectadas, además de señalar que se encuentran “en alerta” a
la espera del desenvolvimiento de los hechos. “Empatizamos y
respaldamos la decisión de cada una de las funcionarias involucradas que
han visto afectados ciertos derechos laborales, su integridad psíquica y
dignidad en general”, reza el comunicado emitido por la agrupación
estudiantil, que además recalca que “una de las funcionarias
denunciantes corresponde a la gestora estudiantil, quien trabaja
directamente con nosotros y forma parte del equipo de la federación en
general”.
Una de las funcionarias involucradas, Sandra Guerrero Battaglia, manifestó una absoluta
falta de apoyo de parte de la universidad, e incluso, señaló que su
caso ha sido utilizado para amedrentar e inhibir eventuales futuras
denuncias. “La denuncia es por acoso, maltrato, hostigamientos,
ridiculización e invisibilización. El protocolo contra el acoso nunca se
cumplió. A mí por ejemplo me quitaron todas las claves para acceder a
sistemas informáticos y hacer mi trabajo. Esto fue un llamado de
atención para que nadie nunca más se atreva a hablar”, dijo.
Respuesta
La
Universidad de Magallanes entregó una respuesta pública a nivel
institucional a través de un comunicado firmado por su rector José
Maripani: “La institución cuenta con un Protocolo para Prevenir y
Enfrentar Situaciones de Acoso y Maltrato Laboral, en el que se definen
las acciones, estructuras y plazos que deben desarrollarse para dar
apoyo, acompañamiento y recomendaciones frente a dichos casos”, y que
“inmediatamente recepcionada la denuncia de los hechos mencionados, a
comienzos de diciembre, se activó dicho protocolo y con ello el Comité
Evaluador de denuncias, el que sugiere a la autoridad llevar a cabo un
procedimiento disciplinario para esclarecer los hechos, determinar
eventuales responsabilidades y sancionar si así correspondiera”.
Sin
embargo, Sandra Guerrero rebate dicha declaración: “Maripani saca una
declaración pública diciendo que para esto hay protocolos, etcétera.
Bueno, con eso una vez más nos vuelven a rematar, es un no querer asumir
que como institución la embarraron. Nosotros no hemos tenido ni debido
proceso, ni presunción de inocencia, porque a nosotras desde un comienzo
salieron a definirnos como ‘lacras’” sentenció.