Los dirigentes nacionales de la Asociación de Funcionarios de la Conadi (Anfuco) criticaron el proyecto gubernamental que pretende la creación de un ministerio que asuma las tareas que ellos realizan, sin aumentar el número de funcionarios, ni los medios materiales, ni las remuneraciones, pese a que deben manejar una cantidad muy importante de recursos para atender los requerimientos de las etnias originarias y sus descendientes.
Sandra Marín Cheuquelaf, presidenta; Margarita Calfío Montalba, secretaria, y Fabián Cortés Carrasco, tesorero, acompañados por el dirigente regional Roberto Fernández Hernández, desarrollaron una intensa agenda de trabajo con funcionarios locales, organizaciones indígenas y recurrieron incluso al intendente regional, Jorge Flies, en busca de apoyo a sus críticas.
Las observaciones están relacionadas con la escasa participación que tuvieron en el diseño del proyecto, excepto en el articulado del cuerpo legal; también con la poca importancia que se le otorgó a sus aportes para mejorarlo y la necesidad de que se tuviera en cuenta que los 454 funcionarios a nivel nacional, de los cuales sólo once se desempeñan en Magallanes, tendrán dificultades para dar satisfacción a los nuevos requerimientos, generados por las expectativas que se han forjado en torno al nuevo ministerio que se pretende crear y que, hasta el año pasado, marcaba un 80 por ciento de insatisfacción en el Área Metropolitana.
El nuevo ministerio contará con un ministro, un subsecretario y quince seremis, cargos netamente políticos, más los funcionarios actuales, dotación que resulta insuficiente si se toma en cuenta que desde Arica a Magallanes e Isla de Pascua existe un millón y medio de miembros y descendientes de etnias originarias, que representan, según el censo del año 2002, el 10 por ciento de la población chilena, de los cuales 32 mil residen en Magallanes.
Sobrecarga laboral
Aludiendo a la falta de personal suficiente, los dirigentes indicaron que si algún funcionario sale a terreno, por ejemplo, a Puerto Edén, sus tareas debe asumirlas otro colega, quien debe seguir además con las labores propias.
Otro tanto ocurre con las atenciones en Puerto Williams o en Puerto Natales y si se crea la oficina de Porvenir, todo se complicará, advirtieron con inquietud.
Para lograr que sus observaciones sean acogidas en el cuerpo legal, tanto Sandra Marín como Margarita Calfío y Fabián Cortés indicaron que deberán buscar el apoyo de los parlamentarios, de las autoridades y de las organizaciones sociales, tarea que implica recorrer el país y negociar con los congresistas.
Presionados
Los funcionarios de la Conadi deben luchar, explicaron los dirigentes, contra la imagen de corrupción que afectó a la institución, acusación que rechazaron en forma tajante.
También deben sobreponerse al hecho de que están en medio de más de un conflicto, como el de La Araucanía, donde los funcionarios y sus familias han recibido presiones y hasta un ataque incendiario que afectó a la vivienda donde se encontraba la esposa y dos hijas pequeñas de un funcionario de la Conadi en Temuco.
Finalmente, reiteraron que el proyecto de ley que crea el ministerio anunciado debe sacarlos de la situación en que ahora se encuentran dentro de Desarrollo Social, donde se sienten por debajo del Fosis, Senama, Injuv y Senadis, en términos de recursos humanos, materiales y presupuesto por manejar, ítem que en Conadi es notablemente alto, ya que en un solo campo, el de la adquisición de tierras, asciende a 85 mil millones de pesos.