La tónica de toda nueva autoridad regional es entrar a la oficina asegurando que no habrá despidos. La promesa, sin embargo, no siempre se cumple y, en el caso del Gobierno Regional (GORE) de Magallanes, las cosas han llegado a la Justicia.
Desde que se materializó el cambio de mando, el 11 de marzo pasado, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas ha recibido cinco recursos de protección por despidos ocurridos en tres secretarías regionales ministeriales (seremis) y la Gobernación de Magallanes.
La más reciente de ellas ingresó al tribunal local el 20 de mayo y está dirigida en contra de la autoridad local de Energía. Ella se suma a las dos acciones interpuestas en abril contra Bienes Nacionales y a una tercera interpuesta a mediados de este mes contra Obras Públicas.
Pese a que ninguna de las causas ha sido resuelta, en los cuatro primeros casos presentados ante la Justicia, se ha acogido la orden de no innovar que acompaña a los recursos; es decir, se ha frenado los despidos.