De visita en Punta Arenas se encuentran los jefes de la División de Fiscalización y Cumplimiento y del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Álvaro Torrealba y María Paz Ramírez, respectivamente, para dar a conocer los mecanismos que existen para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en las distintas actividades económicas de la región.
Lo anterior, en el marco de la entrada en vigencia, el 18 de febrero pasado, de la Ley N° 20.818, que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos, introduciendo con ello importantes modificaciones a la Ley N° 19.913 que creó la UAF.
Los funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero se reunirán hoy y mañana con representantes de instituciones públicas y privadas, convocados por la Gobernación de Magallanes, para invitarlos a participar activamente en el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, cuyos pilares fundamentales son la prevención, detección y persecución de ambos delitos.
Y es que para prevenir que la economía chilena pueda ser utilizada por el crimen organizado, la Ley N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que deben inscribirse e informar a la UAF sobre aquellas operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades.
“Según nuestras estimaciones, existe un número importante de personas y empresas en la Región de Magallanes que no están cumpliendo con su obligación legal de estar inscritas en la UAF y, por tanto, se exponen a sanciones y multas”, dijo el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Álvaro Torrealba.
“Comúnmente la gente asocia el lavado de dinero con el tráfico de drogas, pero este es uno de los más de 50 delitos base o precedentes que contempla la ley. Entre 2007 y 2014, los Tribunales de Justicia chilenos han dictado 71 sentencias condenatorias definitivas por lavado, que involucran a 137 personas. El narcotráfico ha sido el delito base predominante, pero también figuran la corrupción (soborno y cohecho), el fraude al fisco, la malversación de caudales públicos y la trata de personas”, dijo la jefa del Área de Difusión y Estudios de la UAF, María Paz Ramírez.