El
año pasado dábamos a conocer cuando solo llevaba un par de meses la
compleja situación que atraviesa Graciela González, debido al no pago de
las licencias médicas.
Distintas
realizaciones de documentos y otras medidas debió tomar para intentar
obtener el cobro de su licencia médica, siendo impagas desde junio del
año pasado, sin recibir pago en lo que va del año, acumulando un año sin
recibir sueldo a través del sistema de previsión, ante los constantes
rechazos que ha sufrido por parte del Compin.
Entre
las medidas que se han tomado para que busque el pago de la licencia,
está una apelación presentada a la Superintendencia de Salud, donde
analizaron lo expuesto, además de los papeles solicitados se envió el
informe que registra desde 2019, donde tiene confirmada una discapacidad
de más de un 70%.
La
condición se agudiza más debido a que no ha podido pagar arriendos y
cuesta juntar el dinero para las cosas básicas del hogar, considerando
que su hija mayor quien ayudaba con un trabajo que tenía ahora no lo
mantiene.
“Realmente
ha sido difícil, es increíble cómo con un certificado de discapacidad
no me paguen las licencias. Al principio podía ir presencial a ver cómo
era el estado de cada una, ahora además de la pandemia, me he quedado
sin movilidad, y no puedo caminar, prácticamente tengo que estar
acostada todo el día, a ratos me puedo levantar, y cuando trato de
caminar, realmente no puedo y me caigo. Entonces no sé qué es lo que
esperan, yo realmente la estoy pasando mal, mi hija ahora sin trabajo y
mis licencias un año sin pagármelas, no sé qué criterio tienen, o no sé
hasta dónde quieren llegar. Yo creo que esperan a que me muera y así no
gasten plata, y las autoridades tampoco hacen nada y la vuelta anterior
cuando me entrevistaron me contactaron, pero tampoco se pudo hacer nada,
entonces realmente esto está mal”, señaló en conversación con Diario El
Pingüino.
El
certificado de discapacidad señala que mantiene un 72.50% de
discapacidad severa, lo que además ha arrastrado en problemas mentales,
hecho que es pasado por alto por la comisión del Compin, que continúa
pese a toda la documentación rechazando su licencia.
Como
si ello fuera poco, ha postulado a los beneficios que otorga el
Gobierno durante la pandemia, ya sea para costear algo del arriendo o
alguno de los bonos y no ha sido beneficiada, por lo que se ha debido
mantener con una pensión de alimentos, que recibe su hijo menor de tan
solo 70 mil pesos.