La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió a tramitación el inédito recurso de protección que un funcionario de la Contraloría de Magallanes presentó en contra de su jefe, el contralor César González Cáceres.
Los ministros otorgaron un plazo de seis días al ente contralor para que evacúe el informe y responda los argumentos del escrito, patrocinado por el abogado Rodrigo Higuera Muñoz.
Sin embargo, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez Soto, con fecha 6 de marzo, envió un “téngase presente” a la Corte de Apelaciones, dando cuenta que el recurso fue notificado al correo de la Contraloría de Punta Arenas, en circunstancias que el recurso es en contra del contralor general de la República, con domicilio en Santiago, quien para estos efectos registra otro correo.
Recurso
El funcionario recurrente se desempeña en la Contraloría desde 1996 y en Punta Arenas desde el año 2003 trabaja como fiscalizador.
Señala que durante todos estos años ha tenido un comportamiento de buen funcionario, reflejado en las calificaciones, demostrando siempre un gran compromiso con la institución, no existiendo nunca motivo alguno para sanciones, de ningún tipo.
Sin embargo, esta situación cambió drásticamente para él cuando el año pasado, el contralor César González, en el Informe de Desempeño, de fecha 19 de Enero de 2017, “tomó la decisión de poner su cargo a disposición con orden de traslado, anteponiendo como fundamento de dicha decisión una serie de explicaciones totalmente contradictorias y arbitrarias”.
Añade el funcionario que “a lo largo de los años y hasta antes de que asumiera el señor Contralor Regional de esta dependencia, nunca había sido criticado y ofendido -sin tener mayores argumentos para ello- sobre aspectos que tienen que ver más con el ámbito y valoraciones personales o actuar en determinada cosa, que con mi desempeño profesional”.
Además aprovecha de denunciar otras situaciones en que fue menoscabado por el contralor regional, que a su juicio “constituyen una amenaza a los derechos constitucionales a la integridad síquica, a la honra personal tanto mía como de mi familia”.
Sobre el traslado a Valparaio, considera que “es perjudicial para mi persona y mi familia no solo porque esta basado en hechos totalmente falsos y tergiversados, sino que ello lleva aparejado un desprestigio y un abuso de poder totalmente infundados, siendo que poseo toda una trayectoria y experiencia profesional de larga data, por cuanto posee dos títulos profesionales”.
Orden de no innovar
El abogado Rodrigo Higuera pidió a la Corte que se dicte “orden de no innovar en cuanto a la petición de dejar sin efecto el traslado, por cuanto este recurrente tuvo conocimiento informalmente de que sería trasladado a la ciudad de Valparaíso, de manera de evitar menoscabo durante la tramitación de esta acción”.
Sin embargo los ministros del Tribunal de Alzada no acogieron dicha solicitud.