Al
funcionario se le acusa de no cumplir con una obligación tributaria, lo
cual habría generado un eventual delito y detrimento patrimonial,
perjudicando económicamente a la Corporación y al Municipio. La demanda
es porque no se realizó el timbrado de los libros contables desde el año
2009, y por lo mismo, el Servicio de Impuestos Internos retuvo cerca de
$400 millones. Como consecuencia, se generó la necesidad de utilizar
fondos municipales para pagar la última cuota a los profesores que
ganaron un juicio en 2015, porque originalmente se había planificado
usar dinero de la Cormupa.
Ante
la situación, el Sindicato de Trabajadores de la Administración Central
de la Corporación Municipal de Punta Arenas expresó su rechazo y detuvo
sus labores por ocho horas. Mediante una reunión llegaron a un acuerdo
con el jefe comunal y el secretario general de la Cormupa, Segundo Álvarez.
En
su momento, el sindicato valoró la solución acordada y se comprometió a
mejorar sus labores. Con respecto a Juan Vargas, el secretario general
confirmó que fue reubicado y que el tema está zanjado. Por lo mismo, no
dudó en señalar que se está trabajando para subsanar todos los problemas
con el Servicio de Impuestos Internos y que las relaciones con la
organización gremial se mantienen positivas y estables.