A la espera. Así están las comunidades educativas de diferentes colegios de la Región de Magallanes, que retornan a clases en un clima de inquietud: aprobado el proyecto de ley que pone fin al copago, los sostenedores deben decidir si sus establecimientos se convierten en privados, pasan a fundaciones sin fines de lucro o, como muchos otros colegios han anunciado a nivel nacional, definitivamente cierran.
La espera tiene objetos concretos: que la ley se publique en el Diario Oficial -y, por lo tanto, entre en vigencia-, que el Ministerio de Educación dé a conocer los instructivos que acompañarán el proceso y que se constituyan las prometidas oficinas de información, que permitirán que los sostenedores accedan a información sobre cómo se llevará a cabo el traspaso y cuáles son sus opciones.
En tanto, padres, profesores, directivos y alumnos mantienen la espera.
“Hay incertidumbre”, manifestó el director del Colegio Charles Darwin de Punta Arenas, Patricio Yutronich. “La misma incertidumbre que hay en los demás colegios la tenemos nosotros, y nuestros apoderados y profesores”, dijo.
El directivo del establecimiento, que tiene su matrícula de 460 alumnos copada, manifestó que “estamos esperando ver qué se le ofrece a los sostenedores, porque ellos son los que determinan qué paso vamos a seguir. Estamos todos expectantes: directivos, profesores, papás y alumnos. Todavía no sabemos qué decisión van a tomar los sostenedores de nuestro colegio”.
Lo mismo ocurre en el Colegio Puerto Natales, que entrega educación a 410 estudiantes en la capital de la Provincia de Última Esperanza. Su director, Patricio Silva Saldivia, sostuvo que, mientras llegan las definiciones, “estamos trabajando normalmente, absolutamente optimistas. Hemos estado informando a los padres, sin caer en una situación desesperada o irresponsable, para que cada persona tenga su punto de vista bajo una información completa”.
Ambos colegios, reconocidos por sus buenos resultados en el contexto de la región, representan a un sector que, en total, genera más del 40% de la matrícula en Magallanes.
La voluntad, en ambos, es de mantenerse operativos, pero se mantienen las dudas de lo que eso significará en términos del cobro de la mensualidad.
“La definición es si vamos a particular o si nos adscribimos a fundación y vemos qué ofrece el Estado”, sostuvo Yutronich, quien enfatizó que “eso lo define únicamente el sostenedor”.
Ambos establecimientos tienen, además, una ventaja comparativa con centenares de establecimientos a lo largo del país: los dueños del colegio son propietarios también del recinto en el que funcionan, por lo que no tendrían el problema legal de los arriendos.
Críticas
Los cuestionamientos expresados por los diferentes actores durante la tramitación del proyecto de ley se mantienen luego de su aprobación y a días de que se reinicie el año escolar.
“Como institución, creemos que prevaleció una terquedad ideológica indiscriminada”, sostuvo Silva. “Desde hace mucho tiempo, el Estado debió sacar de escena a los colegios subvencionados que no daban el ancho, que tenían malos resultados o no había claridad del uso de sus recursos. Ellos hicieron mala imagen, pero el Estado no hizo su trabajo. Frente a la presión de la calle, actuaron de manera indiscriminada e hicieron tabla rasa. Eso significa problemas para el funcionamiento normal de instituciones como la nuestra”.
El directivo fue más allá en sus cuestionamientos: “¿Qué lucro puede haber en un colegio que por ley tiene que tener 50 becados y tiene 130? ¿Qué lucro puede haber en un colegio que hace tres años amplió más de 500 metros cuadrados con más de 100 millones sin aumentar matrícula? Cuando hablamos de lucro fácil de falta de transparencia, a título personal, los últimos meses han dado cuenta de que el problema está en otros sectores”.
Silva enfatizó “el poder legislativo no cumplió las expectativas de las instituciones que estábamos haciendo un trabajo responsable y transparente. No prosperó la diferenciación en comunidades pequeñas como la nuestra, donde había resultados probados de desempeño”.
Entre los apoderados, las críticas también se mantienen. El vocero en Magallanes de la Confederación de Padres y Apoderados (Confepa), Milton Ojeda, sostuvo que “a nivel regional, hay varios establecimientos que van a cerrar, porque son arrendados. El Estado, a través del Ministerio de Educación, entregará dineros que no van a alcanzar para solventar los gastos”.
Admitió que, pese a que no hay información oficial sobre qué establecimientos cerrarían sus puertas, el tema está en debate. “Es preocupante, porque los apoderados no tienen una versión oficial con respecto al tema y están a punto de comenzar las clases”, agregó el dirigente.
Aunque el temor del cierre de los colegios se mantiene hoy como un fantasma en el fondo de la discusión, Ojeda se pregunta “si el sistema de educación pública tiene la capacidad de recibir a toda esa cantidad de alumnos”, en un año en que no se han entregado definiciones acerca del fortalecimiento de la educación pública.
En ello, concuerda el director Silva, quien sentenció que con la reforma “se desarticula, se arrincona y se complica a la educación particular subvencionada y, a la vez, no hay una alternativa clara sobre cuál va a ser el fortalecimiento de la educación pública. Se partió al revés. Se partió actuando de una manera draconiana con la educación particular subvencionada”.
Mientras miles de estudiantes retornan estos días a sus salas de clase, en los pasillos de los colegios particulares subvencionados se mantiene la conversación y las especulaciones. La voluntad de mantener los establecimientos funcionando existe, pero las herramientas están en entredicho.