Miriam Sánchez, también conocida como la “Locataria de la suerte”, manifestó ayer su esperanza que la decisión de cerrar su conocido kiosco en el supermercado Abu Gosh, finalmente sea revertida por la justicia.
“Presenté una apelación a la Contraloría General de la República, que tengo la esperanza que sea acogida”. Desde el 31 de diciembre, su conocido kiosco permanece cerrado, en tanto que los funcionarios siguen trabajando en otros dos locales de la empresaria, aunque en una precaria condición laboral, a la espera de un dictamen favorable.
Sánchez había recurrido al intendente, Jorge Flies, quien la recibió en noviembre pasado para conocer su situación. “Al final, el intendente no me ayudó en nada”, se lamentó. Es por ello que recurrió a la Contraloría General de la República, a través de una apelación, cuyo resultado podría conocerse en los próximos días, dijo ansiosa y esperanzada.
“Pago IVA”
La línea central de su defensa, explicó, se basa en que ella no es una usuaria de la Zona Franca y, por lo tanto, debiera ser tratada como un kiosco más. La prueba de esta condición es un hecho muy simple: paga IVA. “Siempre he pagado IVA y, por lo tanto, a mí no debiera corresponderme el pago del 28% de mis ventas brutas al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR”.
La empresaria es ampliamente conocida en Punta Arenas, porque en su local se ha vendido el premio ganador del Loto en diversas ocasiones. Con vehemencia, ella argumenta que no ha cometido ninguna ilegalidad y confía en que la Contraloría aceptará sus argumentos. “Presenté, mis papeles y arriendos y todo lo que yo pago. No estoy “ilegal”. El seremi de Hacienda Christian García, dijo que yo no pagaba el 28% del FNDR. Con esas declaraciones, casi me hundió. Pero de todos modos decidí apelar a la Contraloría, porque estoy segura de mis argumentos”.
Pero hay otro argumento, sin peso legal, pero sin duda alentador que le da confianza: el apoyo del público.
Apoyo total
Cuando acudió a su cita con el intendente, Sánchez llevaba consigo un portafolio con seis mil 287 firmas de respaldo. “He recibido mucho apoyo de la gente, es increíble”, manifestó.
Los seis trabajadores permanecen en otros dos locales de su propiedad, uno en Sodimac y otro en el local 140 del módulo central de la Zona Franca.
Dictamen
Hasta ahora, un dictamen de la Contraloría General de la República ha determinado que el contrato de arriendo de su local era ilegal y debía ser caducado a la brevedad, ya que constituye un subarriendo, situación que está prohibida en la normativa que regula el funcionamiento de la Zona Franca. “No entiendo cómo fue que me cerraron todas las puertas, obligándome a cerrar el local y dejar a seis personas sin trabajo, cuando las grandes empresas que están aquí y que se encuentran en la misma situación, ya solucionaron todos sus problemas”, manifestó.
Sánchez sostiene que su reclamo no es tanto por la pérdida económica que le significa cerrar su local, “sino por el sentimiento de injusticia que uno siente, al ser obligada a cerrar una tienda que prestaba un servicio valioso para la gente y dejar a personas sin trabajo”.