Fumador impenitente, al doctor Vukusich, confiesa que las prohibiciones a este hábito le han venido bien. “Fumo menos y ha sido bueno”. De esta confesión y el trágico relato que sigue, queda claro que a veces, las prohibiciones sirven.
– ¿Se siente responsable por la muerte de Aldo?
-No, en absoluto. Las personas que trabajamos en la protección de los derechos infanto- juveniles estamos totalmente comprometidos con ellos y con una entrega de 24- 7 por el cuidado de los menores que están a nuestro cuidado, responde el doctor Juan Vukusich, director del Servicio de Siquiatría del Servicio de Salud Magallanes.
Tres adolescentes que permanecían al cuidado de centros supervisados por el Sename Magallanes murieron entre 2007 y 2009, siempre en trágicas circunstancias. Pero el número total de muertes, incluidos aquellos que no están bajo su tutela directa, serían 20 casos.
Dos de estas víctimas figuran en el listado nacional bajo el cuidado de la Comunidad Terapéutica Identidad de la cual Vukusich era supervisor. Pero la dirección regional del Sename aclara que en realidad, sólo Aldo Renato de 16 años, estaba al cuidado de este recinto el cual ya no pertenece a la red del Sename. Un día de 2008 escapó de allí y en una cancha de fútbol inhaló una dosis letal de solventes.
Sename Magallanes aclara que la otra víctima fatal, Félix Claudio de 15 años, era atendido por la desaparecida residencia Cardenal Raúl Silva Henríquez, cuando al visitar a sus padres, consumió una dosis letal de sustancias tóxicas. El informe final del organismo estatal reza: “Infarto Agudo al Miocardio”.
La tercera víctima, Alejandra Catherine de 15 años, se ahorcó, mientras era usuaria del Hogar María Teresa de Calcuta de Puerto Natales.
Trágicas y dolorosas, estas historias sólo emergen de a poco, forzada y costosamente, a medida que las dispersas bases de datos del Estado empiezan a tomar conciencia de su realidad, a lo largo de este año.
LA HISTORIA
Vukusich conoce bien la historia de Aldo, pero de Félix sólo sabe que estaba por ser trasladado a la comunidad cuando ocurrió su deceso. Quizá de ahí la confusión.
Pero de aquel adolescente de 16 años recuerda algunos rasgos muy definidos: “Siempre se escapaba. Era adicto a los solventes y había cometido un par de delitos menores. Lamentablemente, no hubo forma que el Estado pudiera entregarle un tratamiento adecuado”.
Su muerte, sostiene Vukusich, demostró la fragilidad de la actual Ley de Responsabilidad Juvenil. “Veíamos lo que podía ocurrir y por ello intentamos, con la Fiscalía que fuera condenado por los delitos que había cometido. De este modo, habría sido internado en la cárcel donde podría someterse a un programa de desintoxicación prolongado y que hubiera resultado eficaz”.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas la rechazó por dos votos contra uno, pues Aldo era inimputable legalmente por ser menor de edad. “Desgraciadamente, el sistema es demasiado garantista”, lo que sumado a las deficiencias de la justicia familiar, ha tenido graves consecuencias, agrega. “Si a un adolescente bajo la tutela del Sename que ha tenido problemas con la justicia y que, posiblemente tenga problemas de adicción a alguna droga, lo citas un día a un tratamiento de desintoxicación y él no va… no pasa nada. Y si se escapa, tampoco”.
En este caso, Aldo deambulaba entre una unidad de desintoxicación en el Hospital Clínico de corta estadía y la comunidad de la cual escapaba frecuentemente.
El sistema no contempla un plan B, agrega el profesional.
De este modo, un niño que ingresa al sistema puede empezar cometiendo pequeños delitos y pasar luego a convertirse en cómplice inimputable de sus compañeros mayores. Todo ello incentiva en él, un comportamiento disruptivo, en lugar de prevenirlo, sostiene Vukusich. “Las adicciones son una realidad generalizada entre ellos y revertir este proceso, a los 16 años, es muy, pero muy difícil”, dijo.
De ahí que para la comunidad y la Fiscalía, la única alternativa realista de evitar un desenlace fatal, en el caso de Aldo, era la cárcel.
FAMILIA
Vukusich nunca tuvo contacto con los padres de Aldo, según explica por las características del régimen al que estaba sometido. Y ése, cree, es otra de las grandes debilidades del sistema. “Los hogares de menores sólo pueden reemplazar el amor y la contención de una familia, por imperfecta que sea, en casos muy extremos”. Y eso, el sistema actual no lo entiende, agrega, como tampoco las difíciles condiciones en que viven muchas familias de escasos recursos. “Una vez, una mujer denunció al padre de su hijo de cometer abusos contra él. El hombre fue detenido en un recinto militar, porque era uniformado. Pero ella fue hasta el recinto a agredirlo. La justicia consideró que esa actitud era una violación de derechos ¡y lo retiró del hogar de su madre para llevarlo a un hogar del Sename!, ¿Cómo no va a ser posible recurrir, por ejemplo, a un familiar cercano, por último?”. Repentinamente, el niño se quedó sin familia y sin la contención y afecto de su familia, precisamente en esos momentos tan difíciles.
IDONEIDAD
El profesional apunta sus dardos a una de las patas cojas del sistema: los peritos.
Un informe encargado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) en 2010 a los abogados Claudio Fuentes Maureira, Felipe Marín y Erick Ríos, de la Universidad Diego Portales, y que evaluó el funcionamiento de los Tribunales de Familia en el país, advirtió que en ninguna de las audiencias observadas en que se ofreció prueba pericial se discutió la idoneidad del profesional propuesto.
Francisco Maffioletti, académico del magíster de Sicología Jurídica y Forense de la Universidad Diego Portales y perito de la empresa Peritajes Psicológicos, explicó: “Hoy día un perito puede realizar un trabajo para el tribunal sólo por el hecho de ser profesional del área. Cualquier sicólogo puede ser llamado a un juicio como perito. No se lo puede inhabilitar pero, ¿cuál es la formación necesaria, además del título de pregrado, desde el punto de vista legal? Ninguna”.
SISTEMA
Y las consecuencias de esta situación se dejan sentir, en casos tan difíciles y complejos, donde muchas veces sólo queda optar por el mal menor. “Es cierto que hay situaciones delicadas, como un niño deambulando solo en la calle o al cuidado de un hermano apenas un poco mayor que él. Pero la gente tiene necesidad de trabajar para subsistir y, por lo tanto, los niños quedan solos. Pero eso no quiere decir que esos padres no quieran a sus hijos, sino que no tienen alternativas”.
Pero ante casos como éstos, la justicia puede resolver enviarlos a un hogar del Sename que en las actuales circunstancias, es una alternativa mucho peor, sostiene. Además, la justicia de familia tarda muchísimo en resolver su futuro y, mientras tanto, el daño que se ocasiona al menor inmerso en ese ambiente es inmenso. “Los profesionales debieran tener los conocimientos y el criterio necesario para detectar en forma muy fina, cuál es la mejor solución en cada caso”, dice Vukusich, quien critica la prevalencia, incluso, de condiciones materiales por sobre factores mucho más relevantes, como el apego familiar. “A las familias de escasos recursos, se les exige cama, muebles y otras condiciones que, muchas veces, les resultan muy difíciles de obtener… y por falta de ellas, les quitan a sus hijos”.