Una de las peores tormentas que haya azotado alguna vez a Punta Arenas, se desató la “veraniega” tarde del 18 de enero de 2010.
Se trata de una tormenta legal que ha inundado los tribunales y los medios de comunicación regionales con millonarias acciones judiciales y acusaciones y descalificaciones de tal violencia que pocas de las lealtades de entonces, subsisten hasta hoy.
El contrato de la basura, el más millonario de los que maneja el Municipio local y que esta semana iniciará (se espera) una nueva etapa, ha ensuciado todo lo que ha tocado, desde aquella fatídica sesión del Concejo Municipal, hace largos siete años y medio, presidido entonces por el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo.
BASURA
A nivel nacional, la adjudicación de los contratos de la basura ha significado la indagación y/o procesamiento de, al menos tres alcaldes en los últimos años: Pedro Sabat (Ñuñoa), Christian Vittori (Maipú) y el más reciente, Mario Olavarría (Colina) quien es indagado por el presunto pago de sobornos a distintas autoridades por el mismo motivo.
En Punta Arenas, la controversia nunca se ha ido. El 23 de septiembre de 2009, el Concejo Municipal de esta ciudad decidió rechazar por seis votos contra dos, la licitación de la basura que adjudicaba este contrato a la empresa Mansilla y Asencio Limitada, continuadora de Mercurio, firma que por años tuvo a cargo este servicio.
La decisión del Concejo fue recibida con aplausos de 27 ex trabajadores de Mercurio que asistieron a la votación y fue justificada por los concejales sobre la base de las deudas que esta última mantenía con sus ex trabajadores, al término del contrato. Este hecho se va a proyectar como una sombra sobre todo el proceso que más tarde se iniciaría, pues los afectados van a entablar y ganar sucesivas acciones judiciales en contra del Concejo Municipal de Punta Arenas por esta decisión.
2010
El 18 de enero de 2010, el órgano colegiado ignoró nuevamente los resultados de la licitación y adjudicó el contrato de la basura por seis años, a la empresa que había obtenido el quinto lugar entre las cinco empresas oferentes. El argumento fue que Servitrans ofrecía, además, campañas de educación sobre el cuidado del medio ambiente, algo que no estaba en las bases. La propuesta de Servitrans era casi un 50% más costosa que la empresa con la oferta más baja: 91 millones 630 mil pesos (Servitrans) versus 64 millones de pesos (Áreas Verdes).
A pesar de esa gran diferencia, hubo muy poca oposición en el seno del Concejo Municipal a este resultado: los concejales Emilio Boccazzi, Claudia Barrientos, Mario Pascual, Vicente Karelovic, José Saldivia y José Aguilante votaron a favor. Roberto Sahr, se abstuvo y el único voto en contra fue el de Antonio Ríspoli.
Aunque el rechazo de Áreas Verdes y Recotrans fue inmediato, pocos se imaginaron lo que vendría y la opinión pública magallánica celebró la llegada de una empresa de gran tamaño, a la ciudad. “Este es un sistema prácticamente revolucionario para la ciudad. Vamos a tener asegurada una limpieza permanente con tecnología de punta. Hemos intentado, con esta aprobación, contar con la mejor de las opciones que se nos habían presentado”, declaró entonces el alcalde Mimica.
El servicio contratado consistía en el barrido de 40 kilómetros lineales y del centro de la ciudad, tres veces por semana y educación ambiental para colegios. Además, se contaba con la experiencia internacional de la compañía, dotada de equipos GPS para conocer la ubicación de los camiones recolectores, así como métodos de reciclaje, entre otros.
En los meses siguientes, se verá a las empresas afectadas, Áreas Verdes y Recotrans, recurriendo constantemente a la justicia para revertir la medida y al Concejo Municipal empeñado en eludir estas acciones.
El resultado de estas gestiones fue insólito. Las acciones judiciales destinadas a revertir el fallo resultaron tan exitosas en lo judicial como inefectivas en la práctica, mostrando las autoridades locales una gran capacidad para ignorarlas. Ya en septiembre de 2010, el Tribunal de Contratación Pública (TCP) intentó anular todo el proceso.
Fue el primero de una serie de resoluciones que resultarían, a la postre, inútiles, pero que representaron un alto costo para una Municipalidad que ya, al momento de efectuar la adjudicación a Servitrans, acumulaba un déficit de tres mil 600 millones de pesos. De hecho, en aquella misma controvertida sesión, el alcalde Mimica pidió y obtuvo del Concejo la autorización para destinar 266 millones de pesos a la Cormupa, para paliar sus deudas más urgentes. El dictamen del TCP sería confirmado el 10 de mayo de 2011 por la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia en la cual se ordenó realizar una nueva licitación de la basura, otra vez sin resultado práctico. Le seguirían en octubre de ese mismo año otro dictamen similar por parte del TCP y en abril de 2013, un fallo de la Corte Suprema ordenaría, una vez, una nueva licitación, todo lo cual no tuvo resultado práctico alguno durante meses.
Tras asumir el 6 de diciembre de 2012, el alcalde Emilio Boccazzi mantuvo la misma línea de conducta por parte del Municipio. Los honorarios pagados a los abogados sumaban en abril $ 120 millones. Para septiembre de aquel año, ya se habían cancelado 2.160 millones de pesos a Servitrans en pagos extras.
En el nuevo Concejo Municipal, sin embargo, la oposición de los concejales Karelovic, Aguilante y de Andro Mimica a este contrato se fue haciendo cada vez más intensa, con la interposición de sucesivas acciones judiciales.
No sería hasta fines de 2015 que estas acciones judiciales tendrían resultado práctico, con la preparación de una nueva y otra vez controvertida licitación, a la que se presentaron tres empresas el 23 de enero de 2016: Áreas Verdes, Starco y Servitrans.
Pero entonces, ocurrió lo impensado. Una comisión evaluadora del Municipio declaró que las bases de aquella licitación eran ilegales. El alcalde Emilio Boccazzi reaccionó nombrando una nueva comisión que elabora nuevas bases, donde se incluye un sistema de compactación trapezoidal inexistente en Chile. Servitrans obtuvo así el primer lugar, en la licitación.
Pero entonces, el concejal Karelovic denunció la presencia de una persona ajena a la comisión cuando se elaboraron las bases de licitación. Aquella revelación fue confirmada por el jefe de Planificación, Luis González y fue clave en los hechos posteriores.
Finalmente, el 1 de abril del año pasado, el Concejo Municipal de Punta Arenas rechazó la licitación de la basura, cerrando así la posibilidad para que Servitrans se quedara con la nueva licitación.
El 25 de abril, el alcalde Boccazzi con el apoyo de seis ediles otorgó, sin embargo, una ampliación del contrato por 18 meses hasta el 31 de octubre de este año. Los concejales Arcos, Aguilante y Romo votaron en contra.
El 23 de octubre de 2016, el alcalde Emilio Boccazzi fue derrotado en las urnas. El nuevo jefe comunal, Claudio Radonich, inició el proceso que ahora está por llegar a su etapa final. “Esperamos que todo se desarrolle de la forma más transparente posible y que esto no se judicialice”, expresó.
En el camino la licitación se dividió en dos: una para la recolección de basura y otra para limpieza de veredas.
Esta vez, sin embargo, fue Servitrans quien recurrió a los tribunales para impugnar esta segunda licitación, ya que a su juicio, el Concejo Municipal no tenía atribuciones para rechazar aquella que consideraba había ganado el 1 de abril del año pasado.
Por ahora, se espera que este miércoles 26 de julio de 2017, se abran los sobres y se adjudique un nuevo contrato de recolección de basura por 10 mil 624 millones de pesos, durante los próximos seis años.
¿Qué pasará ese día? Nadie lo puede predecir.