Las recientemente otorgadas libertades condicionales causaron escozor, ira y temor en la población de todo el país.
Es que las cifras indican que hubo 7.660 solicitudes del beneficio, de las cuales 4 mil 702 llegaron con informes favorables de Gendarmería y otras 2 mil 947, presentaban informes desfavorables.
Aún así, los responsables de otorgar el beneficio determinaron dejar libres a 4 mil 738 condenados y rechazar las solicitudes de otros 5 mil 346 presos en alguno de los Centros de Cumplimiento Penitenciario de nuestro país, desde Arica hasta Porvenir.
Para algunos personeros, como el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmescht, se otorgó un derecho establecido en las leyes actuales; para la diputada RN Marcela Sabat, “los informes de Gendarmería tienen que ser considerados para que se cumpla el objetivo”; el ministro Lamberto Cisternas, otro “supremo”, insistió en que esos informes “son apreciaciones no vinculantes para la Comisión de Magistrados”, mientras que el fiscal nacional, Jorge Abbott declaró en su oportunidad que “tenemos que buscar que exista un control efectivo del cumplimiento de penas”
Pero lo concreto y es lo que causa escozor, ira y temor en la sociedad chilena, es lo que arrojan las cifras oficiales acerca de quiénes fueron beneficiados con la libertad condicional.
Y esa estadística, para muchos una vergüenza, indica que hubo 1.201 personas que cumplían condenas por robo; otros 648, por tráfico de drogas, y otros 344 por diversas faltas.
Si ya la cosa empezaba a encresparse sólo con esos datos, el nivel de la ira ciudadana ascendió varios puntos porque quedaron con la condicional 135 sujetos condenados por haber cometido delitos sexuales, especialmente contra niños y niñas.
Y la suma siguió con la liberación de 187 homicidas; otros 188 por hurtos; más 161 por haber infringido la Ley de Control de Armas, otros 15 que cumplían cadena perpetua y otros 455 que cometieron otro tipo de delitos de menor gravedad, pero igualmente infractores de la ley que nos rige.
¿Cómo llegaron?
En marzo y septiembre de cada año se revisa la lista de condenados que solicitan la libertad condicional.
Debieran tener cumplida, al menos, la mitad de la pena que purgan; demostrado una conducta intachable al interior del recinto (quizás lo más difícil de cumplir por el ambiente, el hacinamiento y las luchas entre los “clanes” y “tribus” que existen al interior de los recintos carcelarios), haber aprendido un oficio y asistido a la escuela de la cárcel.
Las cortes de Apelaciones de Chile que reciben los informes de Gendarmería, hacen públicas sus decisiones dos veces en el año, en los meses de abril y octubre.
Las frías cifras indican que un total de 15 mil 891 reos realizó algún oficio; se inscribió para nivelar estudios secundarios y, finalmente, dar la PSU, mientras que un total de mil 319 mujeres realizó algún trabajo u oficio al interior de los recintos penales en marzo de este año.
En una polémica reunión entre representantes del poder Judicial del Legislativo, con Gendarmería presente, la situación “quedó en tablas”, porque la ministra de Justicia, Javiera Blanco, abandonó el lugar de la cita, minutos antes de que llegara el representante de la Corte Suprema, el cual había desistido de participar en una reunión anterior para analizar el controvertido tema.
Mientras tanto, la sensación de inseguridad, de temor y de ira apenas contenida sigue royendo el pecho de los chilenos, de los magallánicos porque en Valparaíso, a lo menos uno de los beneficiados con la libertad condicional retornó al penal debido a que a escasas horas de haberlo abandonado (libre como un pájaro) cometió un robo con fuerza que afectó a una mujer.