La controversia está desatada a nivel nacional, y Punta Arenas no es la excepción. El anuncio de Easy Taxi, primero, y Uber, posteriormente, ha hecho más que arrugar la nariz a los servicios del transporte menor de Magallanes, principalmente al gremio de los colectivos que encabeza el presidente de Tacopa, Marcelino Aguayo.
Hace algunos días los dardos apuntaron directamente a la Seremi de Transportes por lo que calificaron como falta de fiscalización para sacar de las calles a los denominados “piratas”, una imputación que encontró inmediata respuesta por parte de las autoridades, que pusieron las cifras sobre la mesa.
Ahora, el Ministerio de Transportes dio a conocer que a nivel nacional se han sacado de circulación a 656 móviles que son parte de la plataforma Uber, detectados durante las 4 mil 467 fiscalizaciones que se han realizado en lo que va del año.
“Hablaremos con los diputados para ver si se dará suma urgencia”, señaló el ministro del ramo, Andrés Gómez-Lobo, haciendo referencia al proyecto de ley que por estos días se discute en el Congreso y que busca normar el servicio de transporte menor de pasajeros.
Por su parte, los taxistas independientes organizados a nivel nacional, no descartan una paralización del gremio en abril próximo. Su vocero, Luis Campos, dijo a La Tercera que las acciones a seguir dependerán de la discusión que se dé en cuanto al proyecto de ley. En todo caso, advierte, que como organización están claros que “los parlamentarios no le han tomado el peso a la iniciativa”.
Ofensiva
Pero la posición de los gremios de taxistas no se queda sólo en las intenciones. Una medida perjudicial y una demanda han sido interpuestas contra las aplicaciones móviles de transporte.
Uber fue denunciado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), exigiéndose la entrega de toda la información respecto al cobro de tarifas, impuestos y registro de automóviles, entre otros procedimientos legales que permitan su funcionamiento.
La acción judicial está catalogada como competencia desleal, amparado en que la empresa no cuenta con los datos que debiesen solicitados por el tribunal.
En tanto Cabify e Easy Taxi fueron demandadas por un sindicato de taxistas capitalinos independientes que reúne a choferes de siete asociaciones.