El
consejero regional por la provincia de Tierra del Fuego, Andrés López,
puso una condición: “La única manera que usted me pueda convencer,
gobernador, es que me asegure que Tierra del Fuego nunca más se va a
tener que trasladar al Servicio Médico Legal (SML) de Punta Arenas, sino
que ese servicio se va a poder prestar con el avión y que los
funcionarios puedan ir a Porvenir”.
Era
el Consejo Regional del lunes 9 de septiembre y sus palabras hacían de
preámbulo a la votación del avión multipropósito para la sección aérea
Carabineros de Punta Arenas, una inversión gigantesca, de más de $7.350
millones.
La
segunda condición que puso el consejero fue que, a propósito de que su
provincia es la con mayor demanda de evacuaciones aeromédias, Jorge
Flies debía “asegurar que este avión sirva para las evacuaciones
aeromédicas que necesitan, sobre todo, en las provincias más alejadas”.
Antes
del consejo, la autoridad regional había hablado con el René Castro, el
director del Servicio, y lo parafraseó en su alocución: que la única
excusa del SML para no llegar al territorio que López representa “es la
falta de medios. El director nos ha asegurado que, estando la
posibilidad de traslado, pondrán a disposición todos los servicios para
llegar al territorio”, dijo en la instancia el gobernador.
Fue
más allá. Habló de seguridad, de respuesta ante incendios, de traslado
de órganos, especialistas, brigadistas, y de su alcance: que puede
llegar a Santiago y a la Antártica.
El de López no fue el único voto en contra; a él se sumó Roxana Gallardo. Y ambos profundizaron en sus posturas.
Las razones
El
alto monto de la inversión fue el motivo compartido de la cautela al
votar. “Creo que cada peso que se invierte en Carabineros, es un peso
ganado para el país”, dijo Alejandro Riquelme; “estamos dotando a la
región de mejores insumos para poder responder a las necesidades de su
población”, planteó Pablo Cifuentes; “si esta inversión nos ayuda a
salvar, al menos, la vida de una persona, vale la pena dar mi voto a
favor”, expuso Ximena Montaña.
Unos
días después, en diálogo con El Pingüino, López desarrolló su postura:
“Lo primero tiene que ver con priorización: si lo estamos haciendo bien o
no. Lo que tomé en cuenta es que hoy hay necesidades más importantes
que un avión. Uno es el tema salud, las listas de espera, también en
tema vivienda”.
Lo
segundo tiene que ver con las mismas evacuaciones aeromédicas, “porque
existen contratos (entre DUB, un privado) con el ministerio de salud”.
Sobre
el diálogo con Castro, en tanto, arguyó que “no había un documento,
sino un acuerdo de palabra, un compromiso por parte de director del SML.
Y las palabras se las lleva el viento”.
Roxana
Gallardo, en tanto, hizo un recuerdo. Hace más o menos un mes, cuando
llegó la idea de comprar el avión, “tuvo un rechazo unánime, no contra
Carabineros, sino porque las urgencias eran otras. Eso derivó a que en
las otras comisiones donde se trató y empezó a mutar. Tengo claro que
Carabienros siempre ha prestado apoyo indiscutible y si este avión está
disponible en caso de emergencia, estará disponible como los
helicópteros u otros medios. Pero cuando se aprueba en el Consejo, sirve
hasta para apagar incendios”.
“Si
una justificación es que se salva una vida con US$8 millones, se podría
usar para las listas de espera, que es una urgencia de la población y
no esperar a que terminen desapareciendo las listas de espera como en
otras regiones”, precisó.
José Barría
Por
su parte, el candidato a gobernador regional, José “Pepe” Barría,
planteó: “Si es para aeroevacuaciones médicas, existe un contrato del
Ministerio de Salud con una empresa privada que tiene ese servicio. No
sé cómo va a encuadrarse. Es una materia que tienen que resolver: si es
para aeroevacuaciones médicas de verdad, entonces úbiquenlo en Tierra
del Fuego, que es desde donde mayor veces se hacen aeroevacuaciones
médicas”.
Además,
planteó que “hay que aprender de otras regiones que han logrado
convenios de programación con las policías para que, a través de
Interior, se compartan los gastos de inversión. Por ejemplo, la Región
de Ñuble, que hizo convenio de $38 mil millones, y el GORE puso el 28%
del financiamiento. Hay que aprender de esas experiencias”.
Con
todo, el director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante
Desastres (Senapred) de Magallanes, Juan Carlos Andrades, destacó la
nueva adquisición (de la que no conoció hasta el llamado de El
Pingüino): “Todas estas cosas son buenas y se ocupan para todo. Se
entiende y subetiende que este tipo de capacides desarrolladas para la
región siempre van a estar en la mesa del Cogrid (Comité para la Gestión
del Riesgo de Desastres) regional, y Carabineros forma parte. El
general (Marco Antonio Alvarado, jefe de Zona de Carabineros) lo va a
poner en la mesa de todas maneras”.
“Una
de las cosas importantes es el cobeneficio que tiene este tipo de
iniciativas, la multiplicidad de beneficios que trae el desarrollo de
capacidades como esta de cualquier institución de la región”, cerró.