Si bien es una normativa
municipal, no una ley de la República, la mayoría de los establecimientos
comerciales se han adherido a la ordenanza que busca que los ciudadanos tomen
conciencia de lo contaminante que puede llegar a ser una bolsa plástica. Los
detractores principalmente son empresarios del rubro que ven de cierta forma empañado su negocio.
Uno de
los principales afectados son los empaquetadores o propineros, que tienen como
ingreso económico la voluntad de los usuarios de las grandes cadenas de supermercados.
La labor es, muchas veces,
ejercida por jóvenes y minusválidos, quienes no reciben un salario de parte de
los respectivos establecimientos comerciales. No cuentan contrato de trabajo
ni, menos seguro médico.
Ante ello, el seremi del
Trabajo y Previsión Social, Carlos Abarzúa, señaló que decidieron abordar el
tema y conversar con los afectados y proponerles que “creen un sindicato”, idea
que fue rechazada según Abarzúa, y agregó que
“ellos están organizados por facebook”.
La autoridad recalcó que
el trabajo de los empaquetadores corresponde a “un trato entre propineros y el
supermercado, es de común acuerdo la relación.
Al consultarle si hay una
ley que proteja a estos empleados no asalariados, sentenció que “no existe una
ley que establezca esta obligación de parte de los supermercados”, pero
referente a la normativa municipal, manifestó que “hay que hacer un trabajo
directo con las empresas, que tomen la decisión, con el objeto que no vayan a
perjudicar a los propineros”.
Más de 500 jóvenes y minusválidos ejercen el oficio de empaquetadores en las
grandes cadenas de supermercados de Punta Arenas.