Tras
varias semanas de desencuentros, los partidos políticos lograron
concretar el nuevo proceso constituyente, en un proceso que concluiría
con un plebiscito con voto obligatorio en noviembre del próximo año. El
documento firmado propone un órgano con 50 representantes electos que
trabajarán sobre la base de un anteproyecto realizado por 24 expertos
designados por el Congreso.
Los
50 miembros del futuro Consejo Constitucional serán elegidos a través
del sistema electoral del Senado y donde, además, tal como exigía el
bloque de gobierno, se garantizará la paridad. Además, el futuro Consejo
Constitucional trabajará sobre la base de un anteproyecto que
redactarán 24 expertos que serán designados por el Congreso, 12 de ellos
por parte de la Cámara y 12 por el Senado, y que comenzarán a trabajar en enero del próximo año.
Por
otro lado, luego de la redacción del futuro texto fundamental y previo a
la etapa de armonización, este comité podrá mejorar la redacción y
formulación de normas que deberán ser aprobadas por el Consejo por 3/5 o
rechazadas por 2/3. Si ni uno de esos dos requisitos se cumple, se
conformará una comisión mixta conformada por 6 expertos y 6 consejeros
para resolverlo.
Tras
el acuerdo, que demoró más de tres meses para que los partidos
políticos llegaran a él, fueron divergentes las opiniones regionales.
Pingüino Multimedia conversó con algunos de los timoneles de partidos, quienes dieron a conocer sus puntos de vista.
Desde
Convergencia Social, el presidente regional, Jonathan Cárcamo, expresó
que “la nueva Constitución que se comenzará a trabajar a principios del
próximo año es sin duda una oportunidad histórica. Si bien es cierto la
conformación del espacio que redactará la nueva Constitución no es el
que anhelábamos como partido junto a otras fuerzas políticas de
izquierda y centroizquierda, sí valoramos que, en caso de ser aprobada,
será la primera Constitución escrita en parte por constituyentes
elegidos democráticamente. Ahora el desafío es grande. La clase política
y los constituyentes electos tendrán la responsabilidad de crear una
Constitución que trace el camino para las transformaciones que el pueblo
de Chile necesita y, por supuesto, de bañar en legitimidad tanto el
proceso como el texto en sí, condición necesaria para un país justo y
próspero las próximas décadas”.
Por
su parte, el presidente regional del PS, Pablo Bussenius, manifestó que
“sin duda no es el acuerdo que uno hubiese deseado, pero todos sabíamos
que tras los contundentes resultados del plebiscito del 4 de septiembre
no iba a ser fácil avanzar, sobre todo con una derecha que no solo se
ha venido arrogando el 62% del rechazo, sino que, además, teme y
desconfía de los mecanismos propios de la democracia. Lo que en último
término estaba en juego era si íbamos a tener o no un nuevo proceso
constituyente, cosa que nunca estuvo asegurada, por lo que, mirado desde
esa óptica, indudablemente representa un avance; es esta una nueva
oportunidad para superar las lógicas neoliberales y los déficits
democráticos presentes en la Constitución del 80. Como señaló el
Presidente Gabriel Boric, “hemos dado un paso necesario y, espero,
decisivo para avanzar en un nuevo pacto social por una mejor democracia,
de más libertades, de más derechos sociales. Chile no puede seguir
esperando”.
En
tanto, Gloria Chodil, de la DC, manifestó que “es bueno que se haya
llegado a un acuerdo y con ello a un cronograma acotado. Naturalmente es
un acuerdo entre diferentes miradas, uno no siempre queda conforme pues
se debe ceder entre las partes (es la esencia de un buen acuerdo). En
este sentido valoramos que se haya mantenido paridad, presencia de
pueblos originarios y que las bases del acuerdo generen una plataforma
sólida para trabajar los otros aspectos que nos lleven a una nueva
Constitución validada y aprobada por una amplia y sustantiva mayoría.
También hay que señalar que avanzar en esto no impide que el Gobierno se
concentre en resolver las urgencias ciudadanas como son el alto costo
de la vida, la delincuencia y el desempleo”.
La
recién asumida presidenta regional de la UDI, Liz Casanueva, indicó que
“en este nuevo acuerdo las reglas estarán más claras, donde no estará
el componente de la izquierda refundacional y que tapaba con tierra todo
lo anterior. Con nuevas bases establecidas, esperamos que queden atrás
todos los recuerdos y el pésimo ejercicio que significó para el país
la Convención Constitucional. Decir que esto es fácil es quedar corto,
en ningún caso lo es o lo será; la política deja constantes heridas en
todos los sectores, algunos rememoran tiempos en que incluso no habían
nacido y otros solo recapitulan meses o días atrás, pero creo firmemente
que es mejor estar sentados en la discusión, y con el abanico más
variado de sectores políticos posible, y lamento que en esta oportunidad
se hayan restado los extremos. No se puede desconocer que existe la
necesidad de dar certeza a la ciudadanía que se movilizó por dar
justicia social, y aquí quiero dejar en claro que no me refiero a los
movimientos ideológicos o de minorías capturados por la izquierda. Lo
que se quiere perseguir y concretar es dar estabilidad a una buena y
nueva Constitución. Esto no quiere decir que nuestro sector se va a enfrascar
en la nueva Constitución, porque tenemos claro que existen otras
medidas que necesitan ser mejoradas y que estas se pueden conseguir a
través de las discusiones que se darán en la Cámara y el Congreso, como
por ejemplo la reforma de pensiones y tributaria.
Finalmente,
desde el Partido Republicano, el timonel regional, Javier Romero, fue
crítico y añadió que “nuestro país hoy vive una crisis de inseguridad y
económica profunda, que requiere de manera urgente enfrentar la
violencia, recuperar el estado de derecho y restablecer las confianzas y
las certezas para emprendedores e inversionistas. Reabrir el proceso
constituyente fracasado solo profundizará la crisis económica, política y
social, prorrogando la incertidumbre y perjudicando a millones de
chilenos. Es lamentable ver cómo la élite política, desde el PC hasta la
UDI, una vez más no entienden que los chilenos no necesitamos un cambio
constitucional. El 4 de septiembre una tremenda mayoría le dijo que no a
un proceso constitucional, fracasando el intento refundacional de la
izquierda totalitaria de echar abajo la institucionalidad que hizo
posible los mejores 40 años de la historia republicana de Chile. Con
este nuevo proceso, la incertidumbre y desconfianzas seguirán en el
ambiente de nuestro país. Esta no es una nueva oportunidad para Chile,
es un segundo error que vuelve a revivir un proceso fallido y que al
igual que la primera se gastarán miles de millones de pesos”.