“Este es un tema que
me interesa mucho. De hecho, estoy a cargo del Programa de Vivienda de
la cámara”, nos dice de entrada. Juan Armando Vicuña, vicepresidente de
la Cámara Chilena de la Construcción, abordó con nosotros el creciente
déficit habitacional observado a nivel nacional y regional.
Vicuña
expresó: “Íbamos bajando los campamentos de forma importante hasta el
gobierno de Bachelet. Ahí hubo un punto de inflexión. Hoy los
campamentos en Chile están aumentando y es un flagelo que como Cámara de
la Construcción lo estamos abordando en conjunto con el ministerio”.
Normas del pasado
A
su juicio, la mayor parte del problema radica en normas que ya no
responden a la realidad del país. “Las soluciones que se tienen son
súper rígidas. Hoy, una persona sola opta a un subsidio, se gana un
subsidio y se tiene que ir a un departamento de tres dormitorios. Y
dice, ¿qué hago yo en una casa de tres dormitorios? Los programas
sociales son poco flexibles y no se adecúan a la realidad de las
familias. Por ejemplo, una persona separada necesita un hogar distinto a
una familia completa. Los adultos mayores viven en condiciones muy
precarias porque viven solos y, a veces, viven en casas que les quedan
grandes”.
Cambios demográficos
“El último censo dijo que las familias chilenas son de 2,9 personas por unidad familiar y antiguamente eran de cinco.
Hoy la política del Estado te dice que tienes que construir soluciones
habitacionales para cuatro personas. Pero en realidad no son cuatro o
cinco personas sino 2,9. La realidad de la familia chilena cambió”.
Buena
parte del problema radica en la Ley General de Construcción que
establece este parámetro para fijar las densidades habitacionales, lo
que repercute también en la rigidez de los planos reguladores.
Concesionar edificios
Otra idea planteada por la cámara es concesioanr edificios. “En Chile, se concesionó carreteras y funcionó.
Mejoró mucho la conectividad en el país. Hagamos lo mismo, pero en
edificios como se hace en otras partes del mundo”, propone.
¿Como
funciona? Según explica el ejecutivo, una persona tiene un terreno
público, pero resulta que no tiene plata para construir. ¿Qué hace? Le
pide a un tercero que construya el edificio, lo mantenga y lo arriende
por 30 años, con la condición de ofrecer un arriendo protegido para
digamos 40 familias y ese arriendo protegido se le pasa la municipalidad
que proporciona un listado de 40 familias vulnerables. Entonces, un
tercero hace un edificio de 100 departamentos, 40 de los cuales quedan a
disposición de vivienda en arriendo. Hay gente que no quiere comprar,
sino arrendar.
Resultado:
se genera una cantidad enorme de unidades a disposición de arriendo
para terceras personas. O bien, permite sacar del campamento a las
personas y ponerle una vivienda digna. Después de 30 años de explotación
del edificio, este vuelve a poder del Estado y el proceso se repite.
“El Estado tiene gran cantidad de terrenos en sectores céntricos. Eso
evitaría que las personas más vulnerables tengan que seguir yéndose a
vivir a las periferias”.