Como
críticas que carecen de toda base verídica y caen en lo absurdo,
calificó ayer la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, las
palabras vertidas en contra de la actividad acuícola desarrollada por la
empresa Nova Austral en el Canal Beagle. “Se trata de afirmaciones que
van desde que las empresas de la región han causado daños en zonas donde
nunca han operado o que la industria quiere invadir Cabo de Hornos,
cuando es solo una empresa la que tiene concesiones en esa zona, Nova
Austral”, dijo la asociación.
Desmintieron
también que operen en la región empresas “escapadas del norte tras
ocasionar daños ambientales”, como se ha sostenido. “En Magallanes hay
empresas que están produciendo salmones por más 20 años y que solo han
estado presentes en este territorio. Otras cuatro empresas que operan en
Los Lagos y Aysén, han diseñado una estrategia de negocios que implica
estar en Magallanes, sin dejar de producir en las otras regiones.
Ninguna de estas cuatro empresas ha abandonado una producción en otras
regiones, dejando atrás malas prácticas, como se ha señalado”.
Cifras
La
asociación informó que Magallanes alcanzó una producción de 87 mil
toneladas, en 2018 fruto de 40 concesiones. En la región existen 130
concesiones, que significan 1.900 hectáreas marítimas.
En
la región se produce el 12% de los salmones de Chile, con el 10 por
ciento de concesiones del país. “Eso significa que entre las regiones de
Los Lagos y Aysén se concentra el 90 por ciento de la producción y
concesiones. Eso da luces de que la industria en Magallanes es distinta,
pues ha pasado por un proceso de ordenamiento territorial
significativo, con una amplia participación de los distintos grupos de
interés de la región y donde se disminuyeron los espacios aptos para la
acuicultura, considerablemente”.
Extensa tramitación
El
gerente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Cristian
Kubota, detalló el proceso de tramitación de las concesiones y que tarda
siete años: solicitar una concesión en Áreas Aptas para la Acuicultura
(AAA), realizar un estudio que descarte bancos naturales de recursos
hidrobiológicos en el área solicitada. Someter el proyecto al Servicio
de Evaluación Ambiental, los servicios públicos y una instancia de
participación ciudadana. Luego, el proyecto es votado por la Comisión de
Evaluación Ambiental, tras lo cual son necesarias nuevas evaluaciones
antes de la entrega física de la concesión.
Kubota
agregó que un proceso de ordenamiento territorial de Magallanes
desafectó un 60% de las Áreas Aptas para la Acuicultura y en 2012, la
Contraloría dispuso relocalizar concesiones colindantes a parques
nacionales, lo que desafectó otro 20%.
Participación
Destacó
que en ese proceso participaron instituciones del Estado, otras
industrias, la academia y las comunidades locales, incluidos pueblos
originarios, es decir, se trató de una decisión participativa regional. “Esto
significa que aquellos territorios donde existen concesiones acuícolas,
fueron definidos por la región y no por la industria”.
Kubota agregó que “es necesario transparentar las verdaderas inquietudes de algunos sectores, respecto de la industria”.
Defendió
la sustentabilidad ambiental del sector y sostuvo que 5 mil familias
que viven de esta actividad en la región “ven hoy que su trabajo está
siendo deslegitimado día a día, de manera desmedida y arbitraria. Aunque
ciertos sectores no quieran escucharlo, la industria necesita cuidar el
patrimonio medioambiental, sin lo cual sería imposible obtener el salmón de la calidad que se cultiva en Magallanes”, concluyó.
@PedroEscobar