Una de las primeras medidas anunciadas por la intendenta Jennifer Rojas y respaldada por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, fue reducir los Permisos Únicos Colectivos a 50% y fiscalizar a aquellas empresas que realmente estén entregando el documento a trabajadores indispensables. Esta medida comenzará a regir el martes de la próxima semana.
Este trabajo inició esta semana comandado por la Seremi de Salud, Inspección del Trabajo y Policía de Investigaciones. Las instituciones tienen la lista donde se encuentran todas las empresas esenciales y saben cuáles son las que entregan mayor cantidad de permisos.
Desde la Seremi de Salud, informaron que hay establecimientos de comida -con 10 trabajadores- que solicitan 400 permisos semanales, cifra muy por encima a lo que deberían entregar.
“Cuando se supone que en el mejor de los casos deben tener 40 permisos semanales cuando tienen 10 funcionarios, tienen hasta 300 y 400 permisos semanales. Ya se hizo el estudio de cuáles son esos primeros locales que están arrojando altas cifras de Permisos Únicos Colectivos”, informaron.
Esto también dejó entrever durante la semana la intendenta Jennifer Rojas, quien manifestó un uso inadecuado de estos permisos.
“Hemos encontrado a personas con muy poco criterio que están vendiendo permisos”, dijo Rojas.
Lo mismo señaló el concejal de Punta Arenas Germán Flores, quien calificó de “inescrupulosas” a las personas que comenten este tipo de actos y a aquellas empresas que sacan más de un centenar de permisos colectivos.
“Este es un acto inescrupuloso porque no saben el daño que le están haciendo a la región. Me parece impresentable este tipo de situaciones cuando hoy día tenemos una situación muy compleja a raíz de los altos contagios y la movilidad. Si hay una denuncia y pruebas suficientes, el Gobierno debe querellarse por todo lo que están haciendo en perjuicio de lo que hoy día estamos viviendo. Esto es un delito”, cerró Flores.