Tras cumplirse
un mes de la toma estudiantil feminista de la Universidad de Magallanes
(UMAG), luego de denunciar casos de acoso y vulneración a mujeres que
se han ido perpetuando dentro de la universidad a lo largo de los años,
la seremi de la Mujer, Patricia Mackenney, salió a responder los
descargos del movimiento estudiantil, por acusaciones de “falta de
empatía y colaboración de las entidades que debieron proteger a las y
los sobrevivientes y prevenir estos actos”.
Cabe
destacar que el martes 26 de junio las estudiantes de la UMAG se
reunieron con la seremi y la directora regional (s) de SernamEG, Matilde
Tribiños Navarro, quienes tras la cita, han desplegado acciones
tendientes a destrabar el conflicto, comprendiendo que lo más importante
en estos casos es no cuestionar a la víctimas y apoyar los procesos de reparación.
“Tras
la entrega de un petitorio por parte de las estudiantes, nos reunimos
con el vicerrector José Maripani y la vicerrectora de Administración y
Finanzas, Elizabeth Jeldres, con quienes además de entregar este
petitorio, nos pusimos a su disposición como asesoría técnica en
temáticas de equidad de género”, señaló la seremi.
Por
su parte, desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de
Género, la directora regional (s), Matilde Tribiños Navarro, ofició al
rector de la casa de estudios, Juan Oyarzo Pérez, para igualmente
entregar asesoría técnica en la confección de un protocolo ante casos de
acoso sexual y laboral en la casa de estudios.
“El
acoso sexual es una forma de violencia de género que sólo de manera
reciente ha comenzado a visibilizarse en las instituciones de educación
superior chilenas”, detalló Tribiños en la carta.
SernamEG
Magallanes ofreció asesoría para la elaboración de estrategias en los
procesos y procedimientos que se abordan desde el Protocolo contra el
Acoso Sexual en la Educación Superior, en el marco del Programa Buenas
Prácticas Laborales con Equidad de Género de SernamEG.
Asimismo,
desde la secretaría regional de la Mujer ya se está abordando el
estudio de este protocolo del Ministerio de Educación, que está a
disposición de las universidades desde 2016, el que contempla
sugerencias para la promoción de relaciones de respeto a la dignidad de
todas las personas; para la prevención de situaciones de acoso sexual;
para la atención a víctimas; para la sanción a personas que cometan
acoso sexual; y para la reparación a las víctimas y su entorno.
Finalmente,
y citando lo ya expresado por la ministra de la Mujer y la Equidad de
Género, Isabel Plá Jarufe, Mackenney señaló que aunque el acoso sexual
solo esté tipificado legalmente en el ámbito laboral, las sanciones son
claras y no se puede lesionar la dignidad de las personas:
“los
protocolos para enfrentar situaciones de acoso sexual son obligatorios
en todas las empresas que tienen más de 10 trabajadores y también
debería ser obligatorio en instituciones como las universidades
estatales como la UMAG, que están sujetas al Estatuto de Administración
Pública, el cual establece claramente un principio de probidad que
significa la conducta intachable de todos sus funcionarios”.