Sin
fechas ni medidas concretas de solución fue la escueta respuesta que
dio el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) a partir de la
denuncia que realizaron ayer más de 50 familias del Loteo Sur Punta
Arenas, quienes viven un calvario desde hace más de un año, por la falta
de agua en sus viviendas.
Si bien, cuentan con el vital elemento
durante la semana, acusaron que la presión con que llega no alcanza para
encender los calefón, mientras que los fines de semana y feriados el
racionamiento del agua es total. Más de una vez han quedado a medio
bañar o sin la posibilidad de hacerlo.
Tras conocerse estos
antecedentes, el Serviu envió una declaración pública en la que informa
que “se ha efectuado un proceso de verificación de presión en los
208 medidores de las viviendas en conjunto con Aguas Magallanes y el
área de post venta de la Constructora Salfa.
Las presiones del diseño informadas al momento de la
aprobación del proyecto no concuerdan con las lecturas medidas en
terreno”.
Asimismo, pidieron vía oficio a la empresa constructora
mencionada, “la coordinación y acciones necesarias para mejorar la
presión del agua, que permita un uso óptimo de este servicio,
estando a la espera de la respuesta formal, considerando plazos de las
correcciones necesarias”.
Finalmente,
recalcan que el diseño del proyecto habitacional “considera la
factibilidad técnica de los servicios básicos, otorgada por las
empresas respectivas, en este caso Aguas Magallanes”.
La
consejera regional Roxana Gallardo, quien dio a conocer este caso en el
CORE, no quedó conforme con esta respuesta y de hecho, le preocupa la
falta de fiscalización, sobre todo cuando en la región se prevé entregar
alrededor de 1.800 viviendas sociales más.
“El diseño del proyecto de este loteo es responsabilidad de Serviu y Salfa
se lo adjudicó como empresa constructora, por lo tanto, aquí la culpa
no es de la empresa constructora, sino que de la falta de
fiscalización”, sentenció la consejera. Quien además añadió que esto
sería distinto si cuando se entregara una población se realizara una
prueba con la gente ya habitando las casas, para cerciorarse de que todo
está bien. “Aquí se entregan casas a familias que llevan años
esperando.
En este proyecto en particular la gente esperó más de seis
años para concretar su sueño de la casa propia. Al principio da
vergüenza reclamar, porque la mayoría de la gente cree que esto es un
regalo del Estado, pero no es así. A la empresa se le está pagando y muy
caro, pero no hay nadie que fiscalice”, reiteró la consejera, quien
mientras fue presidenta del comité de vivienda para la obtención de
estos inmuebles, siguió de cerca el proyecto para concretarlo.
“En el fondo, los más afectados por toda esta problemática son las familias más vulnerables. Me molesta la postergación que las autoridades le hacen a la gente, porque si esto fuera una población de recursos, este problema ya lo habrían solucionado”, sentenció.
Por
otro lado, la autoridad advirtió que esta es solo “la punta del
iceberg, porque como este, hay miles de situaciones similares en otras
zonas donde se han entregado viviendas sociales”.
Cabe consignar que pese a los intentos por conseguir una declaración de la empresa constructora, esta no atendió a los llamados ni a los correos enviados por Diario El Pingüino para conocer su versión de los hechos.
@ElizabethMurga