Un considerable aumento de los llamados “delitos funcionarios” se ha registrado en la Región de Magallanes durante los tres últimos años, alcanzando su mayor número en lo que va de 2017. La
cifra fue compartida por el fiscal Regional de Magallanes, Eugenio
Campos Lucero, dentro de las cifras relevantes que maneja el Ministerio
Público en lo que tiene que ver con el reciente periodo
enero-septiembre.
De
acuerdo a los antecedentes, en el año 2014 se registró el ingreso de 11
delitos funcionarios en el mencionado periodo, cifra que aumento a 13
al año siguiente y a 15 durante 2016. Sin embargo, la cifra casi se
cuadruplica en lo que va del presente año, donde el ingreso de este tipo
de delitos llega a los 53.
De
acuerdo a la Fiscalía, los “delitos funcionarios” corresponden a todas
aquellas conductas ilícitas cometidas por funcionarios públicos en el
ejercicio de sus cargos, o aquellas que afectan el patrimonio del Fisco.
Este tipo de acción se registra
tanto en la administración del Estado, como en sus organismos
centralizados o descentralizados, entidades autónomas, en las
municipalidades o los gobiernos regionales, y van desde un fraude al
Fisco, pasando por una negociación incompatible, el cohecho y la violación de secretos.
Existen
variadas figuras de tipos penales que se contienen en este grupo de
delitos, tales como el cohecho (soborno), las malversaciones, el fraude
al Fisco y las negociaciones incompatibles.
Este
tipo de criminalidad forma parte de las prioridades de persecución
criminal, debido a que el fenómeno de la corrupción trae aparejado
graves consecuencias para la sociedad, como son las distorsiones a la
competencia, la afectación del desarrollo económico, y la disminución de
la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, con la
consiguiente desvalorización del Estado de Derecho y, por ende, de la
democracia, tal como lo reconocen diversos instrumentos internacionales
ratificados por Chile en contra este flagelo.
Las
penas que se arriesgan por la comisión de este tipo de delitos va desde
una inhabilitación -por un nombramiento ilegal- hasta los 15 años de
presidio –por una malversación de caudales públicos superior a las 400
U.T.M.
Cohecho y soborno
Ayer,
en tanto, la Cámara de Diputados aprobó con 93 votos a favor el
proyecto que modifica los delitos de cohecho y soborno, aumentando sus
penas en el Código Penal, que tipifica los delitos de soborno entre
particulares y de administración desleal; y la ley N° 20.393, que
establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los
delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de
cohecho.
La
propuesta, que se originó en una moción de los senadores Pedro Araya,
Alfonso De Urresti, Alberto Espina, Felipe Harboe y Hernán Larraín,
deberá retornar al Senado para tercer trámite constitucional.
La
iniciativa endurece la sanción del delito de negociación incompatible,
mediante el tráfico de influencias; además, se aumentan las penas del
delito de cohecho, de sus figuras agravadas y del soborno, que reformula
el delito de cohecho a funcionarios extranjeros, adecuando las
recomendaciones de la OCDE a nuestro país.
Adicionalmente,
se incorpora una nueva pena accesoria para los delitos de cohecho,
inhabilitando a sus responsables para ejercer cargos en empresas que
provean al Estado o que suministren bienes o servicios de utilidad pública.
Respecto
a las materias modificadas, se aumentan las penas de los delitos de
malversación de caudales públicos y de fraude al fisco, para hacerlas
armónicas con los aumentos efectuados en los demás delitos.
Otro
tema abordado es el inicio de la prescripción penal en los delitos de
funcionarios públicos, la que comenzará a computarse sólo una vez que el
funcionario deje de integrar el servicio al que pertenecía o aquel
desde el cual puede impedir el normal desarrollo de la investigación.